El tiempo histórico se aceleró y la fase invernal del capitalismo uruguayo llegó antes de lo esperado.1 Si bien existían señales internacionales de una posible recesión global,2 nadie esperaba que fuese un virus el detonante de una crisis de proporciones planetarias. Las consecuencias inmediatas de las medidas tomadas para amortiguar la pandemia implicaron la detención de sectores enteros de la economía, problemas en la cadena de pagos, despidos, el envío de trabajadores al seguro de paro, etcétera. Asimismo, la crisis global procesó una acelerada apreciación del dólar, porque los mercados, es decir, los dueños del capital, tienden a refugiarse en la moneda estadounidense en tiempos de incertidumbre. Esto sucede incluso cuando, luego de los últimos recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), sus bonos de deuda están pagando tasas reales negativas de entre -1 por ciento y -2 por ciento, lo que significa que, descontada la inflación en dólares, el inversor (por ejemplo, las reservas del gobierno uruguayo) pierde poder de compra.
En Uruguay, desde diciembre de 2019, el peso acumula una devaluación nominal del 16 por ciento. Si tomamos enero de 2019 como referencia, la devaluación nominal acumula un 34 por ciento, superando ampliamente la evolución de los precios locales, dada una inflación en el mismo período de casi el 13 por ciento. Los impactos de las devaluaciones son conocidos. Los sectores que comercian en dólares aumentan significativamente su poder de compra en pesos, al tiempo que los sectores que transan en pesos se empobrecen, dado el encarecimiento de bienes de consumo e insumos. De este modo, la devaluación supone, en lo inmediato, una redistribución del ingreso en la que ganan los exportadores y pierden los trabajadores y la industria mercado-internista.
Pero ¿qué es lo que se transfiere? Aquí es donde la economía política permite penetrar la apariencia de las cifras. Si la economía mundial es un gran taller con obreros especializados en la provisión de distintas mercancías, a Uruguay y otros países les toca la producción de bienes primarios que utilizan medios de producción naturales, como la tierra. Y esta particularidad, que resulta de condiciones naturales no fabricadas por el ser humano (suelos fértiles, clima templado, pozos de petróleo y yacimientos minerales), permite apropiarse de una porción de plusvalor conocida como renta de la tierra,3 que termina en los bolsillos de los dueños de dichos recursos: los terratenientes.
¿Cómo se apropia de la renta? En los países petroleros, desde Venezuela hasta monarquías capitalistas y patriarcales como Arabia Saudita, de una forma muy sencilla: la tierra es propiedad del Estado. No sucede lo mismo en países agrarios, donde la propiedad del suelo superficial ha tendido a quedar en manos de terratenientes privados. En estos casos, el Estado disputa su apropiación mediante diversos mecanismos. Mediante impuestos a la propiedad de la tierra o las exportaciones (detracciones o retenciones) o, llegando al punto central del artículo, mediante una política cambiaria que sobrevalúe el peso con respecto al dólar o, puesto al revés, abarate el dólar. Este mecanismo implica una transferencia de renta desde el sector exportador hacia todos los que compran dólares baratos, sea para importar tecnología y bienes de consumo, remitir utilidades o pagar deudas en dólares.
EN LA HISTORIA. Si miramos la historia de Uruguay con detenimiento, encontraremos un hilo conductor en las luchas por la apropiación de la renta de la tierra, cuya forma política fue la lucha por la carga impositiva y la cotización del dólar. En su segundo gobierno, Batlle y Ordóñez (1911-1915) buscó profundizar su programa de cambios captando más renta agraria elevando la contribución inmobiliaria rural. De este intentó nacieron la Federación Rural y el freno del primer batllismo, el alto de Viera. Décadas después, Luis Batlle Berres hizo del contralor de cambios la herramienta fundamental de traslación de renta desde las exportaciones ganaderas hacia la industria mercado-internista. Esta política, en particular cuando cayeron los precios internacionales, parió a la Liga Federal de Acción Ruralista, de Domingo Bordaberry (padre de Juan María y abuelo de Pedro) y el agente de la Cia Benito Nardone, cuya alianza con Luis Alberto de Herrera (abuelo de Lacalle Herrera y bisabuelo de Lacalle Pou) frenó al segundo batllismo en las elecciones de 1958. Entre las principales medidas de esta coalición estuvo la eliminación del contralor de cambios mediante la reforma cambiaria y monetaria, que devaluó la moneda y estableció detracciones a las exportaciones como forma alternativa de apropiarse de renta.
La historia de los ciclos de apreciación y depreciación del dólar no terminó allí.4 Pacheco Areco congeló precios y salarios, incluyendo el dólar, en 1968, y fue recién su sucesor, Juan María Bordaberry, quien, en 1972, devaluó la moneda. El gobierno militar no quiso ser menos y procesó una fuerte sobrevaluación del peso entre 1978 y 1982 mediante el mecanismo conocido como “la tablita”, que se rompió cuando se cortó el chorro de dólares con el cambio de la política monetaria en Estados Unidos. Aunque fueron tiempos neoliberales, la década del 90 también registró un fuerte abaratamiento del dólar, que se cerró con la devaluación de 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle, desencadenado por una fuga de capitales equivalente al 50 por ciento del Pbi. Aunque de batllista tenía sólo el apellido, su gobierno enfrentó una importante movilización agraria, bajo la consigna “Rentabilidad o muerte”.
Finalmente, el Frente Amplio (FA) también procesó una fuerte sobrevaluación del peso, para lo cual jugaron un rol fundamental el boom de precios de las commodities, la política monetaria del Bcu y la política de emisión de la Fed luego de la crisis de 2008 (conocidas como “expansión cuantitativa”). Las políticas agrarias, salariales y monetarias del FA promovieron el surgimiento de Un Solo Uruguay (Usu), pieza clave en la movilización del Interior que terminó en el freno multicolor de noviembre de 2019. Usu no logró tener participación en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que, como tantas otras veces en el último siglo, fue a parar a manos de un empresario ligado a la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay. De todos modos, como era de esperar, el novel ministro, Carlos María Uriarte, celebró la devaluación del peso y anunció que será el representante de “los productores” (es decir, terratenientes y empresarios agrarios) en el gobierno (En Perspectiva, 10-III-20).
POR QUÉ CELEBRÓ EL MINISTRO. No es para menos la alegría del ministro. La devaluación del peso implicó, sólo en marzo de 2020, una transferencia de renta agraria hacia los terratenientes en el entorno de los 56 millones de dólares, cifra que surge de comparar el grado de sobrevaluación del peso de febrero con el de marzo para las exportaciones agrarias del último mes. Este monto se suma a los otros 1.500 millones de dólares que se apropian al año los terratenientes agrarios,5 que se reparten entre los terratenientes puros (dueños de la tierra que viven de arrendamientos), que se apropian de un 35 por ciento, y los empresarios-terratenientes que se apropian de casi un 50 por ciento, dejando para el Estado sólo un 10 por ciento mediante impuestos a la tierra y el cobro de rentas del Instituto Nacional de Colonización.
La crisis en curso hace muy difícil proyectar para el resto del año cómo evolucionarán las exportaciones y el tipo de cambio. Sólo de modo estimativo, se podría suponer que, si la devaluación mantiene su nivel y las exportaciones agrarias se acumulan en el entorno de los 5.800 millones de dólares en 2020,6 la transferencia neta a las manos de los terratenientes sería del entorno de los 500 millones de dólares.
Estas cifras pretenden evidenciar no sólo la regresiva redistribución del ingreso procesada en las primeras semanas del gobierno de Luis Lacalle Pou, sino la posibilidad de obtener de allí recursos para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica y social desatada por el covid-19. Más cuando aún falta el aporte de muchos actores para financiar un fondo que hasta ahora se financiará con impuestos sobre salarios y jubilaciones y un mayor endeudamiento externo, que se pagará con una mayor carga tributaria. Esperemos que los compromisos ideológicos y sociales del gobierno no sean una traba para avanzar en ese sentido.
1. ‹https://dev.brecha.com.uy/winter-is-coming/›.
2. Ver los análisis de Michael Roberts en ‹http://www.sinpermiso.info/textos/pronostico-2020› y ‹http://www.sinpermiso.info/textos/la-proxima-recesion-la-culpa-es-del-coronavirus›.
3. ‹https://dev.brecha.com.uy/pampas-minas-petroleo/›.
4. Para un análisis detallado de los ciclos y la magnitud de la sobrevaluación del peso y su efecto en la apropiación de renta, ver mi tesis doctoral, “La acumulación de capital en Uruguay 1955-2015: renta del suelo agraria, tasa de ganancia y desvalorización de la fuerza de trabajo” (Unam, 2019).
5. Cifras estimadas con Martín Sanguinetti en ‹https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703617300184›.
6. El total de exportaciones agrarias surge de aplicar al monto total de exportaciones proyectado por Opypa en diciembre de 2019 una caída del 11 por ciento producto de la crisis en curso, según lo proyectado por Uruguay XXI en su informe de marzo.