Músicos y actores tienen vedado el transporte público, mientras que artesanos y malabaristas son expulsados de plazas, peatonales y semáforos. En medio de las frecuentes movilizaciones de grupos que denuncian hostigamiento policial e incautaciones ilegales de los materiales de trabajo, toma forma un proyecto de ordenanza para regular estas actividades.
“Es jodido que en un país en democracia te impidan trabajar en un espacio público, te expulse la Policía y te incauten las herramientas y los materiales que son tu sustento o el de tu familia”, advierte María Pía Usher, de 28 años, madre, jefa de hogar y artesana desde los 16. Es vocera de un puñado de jóvenes que el miércoles pasado se movilizó en la explanada de la Intendencia de Maldonado (Idm) para denunciar que son víctimas de una “sistemática persecución” y reclamar reglas claras para ejercer su arte u oficio callejeros.
Cada día Usher se juega a tender su paño en el piso –lo que en la jerga llaman “parchar”– en algún punto del centro fernandino, sabiendo que en cualquier momento puede caer una dupla de inspectores municipales para sacarla y que, si se resiste, lo harán con apoyo policial. Asegura que esto le ocurrió varias veces en la última década y que los episodios son más frecuentes, para ella y otras personas que comparten el oficio, desde que Enrique Antía volvió al gobierno departamental y resolvió ejecutar a rajatabla una resolución que él mismo firmó en 2004, durante su primera administración.
El 31 de diciembre de aquel año, el jefe comunal prohibió la presencia de “malabaristas, limpiadores de parabrisas y otras actividades no autorizadas que implican aporte económico en calzadas y vías públicas del departamento”, con el argumento de que entorpecen el tránsito y ponen en riesgo al resto de los peatones. Así, todo tipo de actividad cayó en una misma bolsa, sin que se contemplaran sus particularidades ni las motivaciones de quienes las desempeñan. La disposición, que nunca estuvo a consideración de la Junta Departamental ni fue consultada con los artistas, dio potestades a los inspectores de la División de Higiene para “retirar” a quienes la incumplan. En ninguna parte la escueta normativa habilita a los funcionarios a incautar materiales y, mucho menos, a que sus dueños deban pagar una multa para recuperarlos. Sin embargo, esto ocurre.
El caso más reciente sucedió la semana pasada y tuvo como protagonista a Gary “Garyto” Silva, quizás el malabarista más antiguo de Maldonado, mientras trabajaba con su monociclo y clavas en un semáforo. El artista filmó el procedimiento con su celular hasta que los inspectores le quitaron el aparato junto con sus elementos de trabajo, y se trabó en lucha con uno de los funcionarios. No es la primera vez que lo reprimen, pero nunca antes había experimentado este grado de violencia, relata a Brecha. “Nos están reprimiendo y privando al pueblo de ver cultura. Cuando salgo a buscar la moneda en un semáforo, estoy unas horas y voy prolijo, los vecinos me abrazan y me felicitan. Sin embargo, cuando aparecen un móvil de la Policía y los inspectores de la Idm, me exponen ante la sociedad como a un delincuente, y lo mismo pasa con los artesanos. Todos somos trabajadores genuinos”, argumenta el animador urbano, dolido por la escalada de “represión al arte popular gratuito” que experimenta Maldonado. A su lado, unas pancartas multicolores en las que se lee que “el arte callejero no es delito” y que los artistas exigen “reconocimiento y respeto” se alternan con paños vacíos de artesanos en huelga callejera.
A pesar de la movida, ningún jerarca de la Idm bajó a la explanada para escuchar los planteos de artistas y artesanos ni los atendió cuando algunos ingresaron al edificio en busca de una entrevista. Se agendaron para tener una audiencia con el intendente Antía, pero no tienen grandes expectativas, así que para el próximo domingo prevén otra movilización, con una asamblea en el predio ferial de Maldonado, adelantó Usher.
SOLUCIÓN COMÚN. No son un gremio ni un sindicato, ni todos están de acuerdo en el momento de plantear propuestas, pero la plataforma es clara: reclaman una mesa de diálogo con los directores de Higiene, Cultura y Tránsito de la Idm con el ánimo de encontrar “una solución provisoria y realista” que les permita trabajar hasta que se arribe a una solución permanente. También piden a las autoridades que dejen de confiscar sus obras, acto que consideran, por lo menos, ilegítimo, en tanto no existe una normativa que lo estipule. “No somos desempleados: no nos dejan ejercer nuestros oficios. Hemos dedicado nuestra vida a esto y es hora de que empiecen a tomarnos en serio”, remarca Santiago Etcheverry, otro vocero de los artesanos.
Ante la falta de respuestas de la Idm, algunos recurrieron a la Junta Departamental para promover una reglamentación. El edil Joaquín Garlo (Mpp) confirmó a Brecha que su bancada trabaja en la redacción de un proyecto de ordenanza que regule “el arte urbano en general”. Esto también incluye el acceso de músicos y actores a las unidades de transporte público, que, en Maldonado, está vedado por decisión de las empresas, aunque ninguna normativa departamental lo prohíbe. El violento incidente protagonizado en julio por Mikael Pepito el Vagabondo, un músico canadiense a quien la Policía detuvo y maltrató tras bajarlo a la fuerza de un ómnibus de la empresa Codesa, activó la alerta y marcó esa necesidad. El caso fue denunciado en la fiscalía penal de Maldonado y, paralelamente, se abrió una investigación administrativa en la Jefatura de Policía sobre los funcionarios que participaron del procedimiento. Ambos trámites están en curso, indicó Garlo, quien en las últimas semanas intensificó las reuniones con agrupaciones artísticas, sindicatos y voceros locales para definir el borrador del proyecto de ordenanza. Luego vendrán las consultas con jerarcas de la Idm, representantes de los comercios céntricos que se oponen a estas actividades, empresas y el sindicato del transporte, y demás bancadas de la Junta Departamental. “Pensamos en la necesidad de dignificar la actividad de trabajadores y trabajadoras, y propiciar una convivencia armónica en los espacios públicos”, enfatizó el edil.
La regulación del arte callejero es un asunto poco explorado a nivel nacional, pero Garlo confía en que las experiencias con los artistas urbanos en Valparaíso (Chile), los artesanos en Cádiz (España) y los músicos y los actores del transporte colectivo en Montevideo allanarán el camino. Sobre esa base, el proyecto en ciernes prevé la creación de un registro de artistas en la Dirección de Cultura de la Intendencia y la entrega de un carné habilitante, en función de ciertos requisitos. También definirá espacios teniendo en cuenta las características de las manifestaciones artísticas, aspectos de seguridad para los trabajadores y su público (nada de cuchillos ni fuego, por ejemplo), y cuestiones de accesibilidad a los edificios públicos y privados para no entorpecer el uso de la calzada. Además, propone crear una comisión tripartita en la que se planteen las inquietudes de los artistas, la administración y la comunidad. Lograr acuerdos incluso entre los trabajadores será una tarea compleja, admiten los consultados. Pero también creen que la escalada represiva, los episodios violentos, las movilizaciones, el respaldo de la población y la necesidad de mantener fuentes laborales promueven el consenso.
Sobre ruedas
La fórmula que Montevideo encontró para organizar a los músicos, los actores y los vendedores que trabajan en el transporte público de pasajeros es una guía para la reglamentación que se pretende en Maldonado. Técnicos del Departamento de Movilidad de la Intendencia montevideana y asociaciones de artistas callejeros capitalinos ya están haciendo sus aportes, confirmó a Brecha el titular de esa repartición, Pablo Inthamoussu. En 2016 empezaron a estudiar una solución para el caos que frecuentemente denunciaban usuarios y empresarios; la encontraron al año siguiente, con la reglamentación de un decreto aprobado en 2013. Ahora los trabajadores acceden a las unidades con una tarjeta Stm, que consiguen tras registrarse y ser reconocidos por agrupaciones o gremios en cada rubro, sin la necesidad de sindicalizarse. Según se informó desde Movilidad, hay 594 artistas y 844 vendedores ambulantes registrados. Una especie de “tribunal arbitral”, integrado por los diferentes colectivos, tiene a su cargo el control del sistema y la aplicación de sanciones, detalló Inthamoussu.
El director se declaró “muy conforme” con los resultados a bordo de las unidades de transporte, pero admitió que aún está pendiente regular las actividades en los semáforos. Para los artistas montevideanos no hay veda en las esquinas, remarcó: “Siempre estuvimos lejos de la prohibición. Hay gente que vive de eso; es un asunto delicado, que tiene un trasfondo social. Es un asunto de difícil solución, pero hay que garantizar el acceso al trabajo”.
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