El 12 de febrero comenzó a verse en el Tribunal Supremo español la causa penal contra 12 políticos catalanes acusados de haber tomado parte en la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y en la posterior declaración unilateral de independencia. Mientras que para la derecha española es un juicio por la democracia, contra golpistas de Estado, para otros es una venganza contra el independentismo catalán y un intento más de criminalizar y judicializar la protesta.
Son 12 las
personas que, desde el 12 de febrero, se sientan en el banco de los acusados de
la sala penal del Tribunal Supremo español, la máxima instancia judicial del
Estado. Son los líderes de las organizaciones civiles Òmnium Cultural y
Asamblea Nacional Catalana, el vicepresidente y ocho conseller...
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