Los síntomas furiosos de una xenofobia institucionalizada y global nos atraviesan, no podemos negarlo. Existen mujeres y hombres que para llegar a Uruguay están emprendiendo rutas peligrosas, arriesgan su vida y son asaltados por traficantes. Las mafias se benefician de las redes de corrupción que recorren el subcontinente, de la burocracia de estados perezosos, de los sellos que nos dicen quién pertenece o no a este lugar.
El vía crucis no termina al llegar a Uruguay. Explotación laboral, racismo y precariedad habitacional son las primeras caras al llegar al país, heridas que se extienden en el tiempo en la medida que existe una gran dosis de confusión por parte de las autoridades nacionales sobre cómo abordar jurídica y diplomáticamente la regularización de las personas migrantes provenientes de países que requieren visa de ingreso y que, al no contar con ella, para sortear este impedimento, al llegar al territorio nacional solicitan refugio.
Uruguay exige visa para entrar al país a 80 orígenes nacionales, de los cuales tres son caribeños: Cuba, Haití y República Dominicana. Las razones del pedido de visa son múltiples y en gran medida discrecionales; pero esta exigencia, lejos de disuadir la llegada desde estos orígenes, en el caso latinoamericano favorece el enriquecimiento de las redes de tráfico que operan en el corredor Guyana-Brasil-Uruguay.
En los últimos años las solicitudes de refugio de forma “masiva” para entrar al país pusieron en evidencia las limitaciones de esta política en Uruguay, la falta de recursos y la certeza de que ser refugiado en este país es una categoría jurídica que si no se da en el marco de un plan o programa, no implica ningún tipo de garantía específica o trato diferencial.
En este sentido, un solicitante de refugio “común” en la práctica no es sujeto de protección internacional y, de hecho, mientras la Comisión de Refugiados (Core) evalúa su solicitud, no tiene garantizada la obtención de una cédula provisoria. Adicionalmente, es necesario aclarar que el otorgamiento del estatuto de refugiado es excepcional. Por ejemplo: del total de solicitudes presentadas en 2017, la Core concedió estatus de refugio tan sólo al 1 por ciento.
En particular, las solicitudes de personas provenientes de Cuba, de la mano de la “espectacularización” realizada por algunos medios de comunicación, encendieron las alertas de las autoridades. Según datos de la propia Core, la solicitud de refugio de cubanos se disparó en 2016 cuando se presentaron 341 y al siguiente año fueron 2.277. Sin embargo, en el período comprendido entre 2014 y 2017 se han concedido sólo seis refugios.
Los pedidos de refugio presentados este año tienen fecha de entrevista para 2019, es decir, mientras tanto, los solicitantes no tienen posibilidad de acceder a un documento de identidad ni de regularizar su situación migratoria. Como recién llegados, al no tener documento les es difícil conseguir un trabajo formal, acceder a una vivienda digna, sortear los obstáculos, la explotación, los abusos o la presunción de culpabilidad. La omisión y acción estatales están produciendo vulnerabilidades donde no las había.
Estamos recibiendo migrantes con múltiples potencialidades y no sabemos cómo actuar. Los pocos dispositivos que hay atienden a hombres y mujeres con formación, en muchos casos con títulos universitarios bajo el brazo, como si fueran personas en situación de calle, quienes terminan gastando los ahorros que traen en pensiones donde el hacinamiento y el abuso son moneda corriente, mientras intentan acomodarse a su nueva realidad y buscar un posible trabajo con el cuco de “ser indocumentados”, de la incertidumbre jurídica, de su estatus indeterminado en el país.
La respuesta estatal de negar a los solicitantes cubanos la posibilidad de acceder a una cédula de identidad es un terrible error, así como las recomendaciones para que viajen a la frontera, renuncien a su solicitud de refugio y pidan visa, a través de la “carta de invitación” de un nacional al que no conocen: “Mentime, que me gusta”.
Parece que hay preguntas que nadie se anima a responder. ¿Uruguay quiere ser un país de puertas abiertas? ¿Cuál es el sentido de las visas que se exigen a hermanos latinoamericanos, africanos y asiáticos? Si se negara la solicitud de refugio a cubanos en la frontera, ¿se dejarían varados a cientos de migrantes en el Brasil de Temer? ¿Es posible negar la solicitud de refugio? ¿Estaría dispuesto el país a ordenar deportaciones colectivas? ¿Estaría dispuesto a dejar de exigir visas?
La indeterminación y las restricciones están fomentando la formación de mercados paralelos. Entre la comunidad de migrantes se corren peligrosos rumores de un mercado ilegal de “cartas de invitación”, de funcionarios que adelantan fechas de entrevista a cambio de coimas y de la “venta” de cédulas de identidad.
La implementación del plan de respuesta rápida para facilitar el acceso a la documentación provisoria de la comunidad cubana en Uruguay es un primer paso y la implementación del recientemente aprobado decreto 870 del Poder Ejecutivo es una posible ruta para la regularización de estos nuevos migrantes.
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Hay una sensibilidad de izquierda que ha sido herida por la salida de tantos cubanos de la isla, y las acciones del gobierno indican que la preocupación sobre cómo se manejan las relaciones diplomáticas con Cuba es mayor que su preocupación por la realidad que están viviendo miles de cubanas y cubanos que hoy son habitantes de esta república.
Cuba sigue doliendo como lo dijo valientemente Eduardo Galeano hace algunos años en este mismo semanario y cuidar la sensibilidad de un puñado de dirigentes en La Habana a cambio de mantener a miles de cubanos sin cédula de identidad, en la precariedad absoluta, a la espera de un refugio político que no va a llegar, es bastardear el legado de la revolución, de una revolución que en el imaginario de nuestra izquierda herida nació para ser diferente.
Se espera que los individuos busquen soluciones biográficas a contradicciones sistémicas, como dijo Ulrich Beck. Ser migrante en estos tiempos es una forma de supervivencia, una forma de desafiar la mercantilización de la vida, de resistir las fronteras que se multiplican. Pero buscar nuevos horizontes, una mejor vida, no necesariamente es una forma de compromiso global anticapitalista ni tampoco una alternativa anticomunista.
Migrar es una opción más en un mundo globalizado; Uruguay, y concretamente este gobierno, tiene un compromiso y una oportunidad enorme para ofrecer alternativas a las políticas migratorias dominantes a nivel mundial, a las políticas harto conocidas de jaulas, centros de criminalización, visas de origen sospechoso, dispositivos de detención, deportaciones sumarias.
Mientras tanto, ¡no sabemos qué hacer con los cubanos!, y Trump se ríe allá arriba.
* Abogada. Magíster y doctoranda en derechos humanos por la Universidad Nacional de Lanús. Socia fundadora del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos.
