Esta semana el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno en lo penal dio la razón a la fiscal Andrea Naupp –subrogante de Rodrigo Morosoli durante la feria judicial menor– en cuanto a que los informes forenses presentados al juez del caso, Gonzalo Arsuaga, no son concluyentes para otorgar la prisión domiciliaria a Calvete.
El ex socio de Sanabria fue recluido hace cuatro meses como coautor de un delito de apropiación indebida a través de maniobras en las que participaron el ex político y dos contadoras del cambio, también procesados y aún bajo investigación de la justicia de crimen organizado. En su edición del 7 de julio, Brecha informó que el magistrado accedió al pedido del abogado Edison Vilizzio, quien invocó el artículo 131 del Código del Proceso Penal y alegó que la vida de Calvete estaba en riesgo por falta de atención en la cárcel de Piedra de los Indios (Colonia). El defensor advirtió que su cliente padece diabetes e hipertensión, y que en esa prisión le faltaban la alimentación y el tratamiento adecuados.
No obstante, aunque Arsuaga dictaminó la prisión domiciliaria el 30 de junio, la fiscal se opuso y recurrió la medida. En su escrito, fechado el 4 de julio, Naupp remarcó que ninguno de los tres informes forenses recibidos por el juez mencionaba riesgo de vida o algún otro requisito establecido en el mencionado artículo 131. De acuerdo al documento al que accedió este semanario, el primer reporte ofrecía “una buena evaluación clínica” del encausado, el segundo mencionaba “la necesidad de valorar las condiciones de reclusión dada su patología” y el tercero era un misterio: hacía referencia a “peligro de vida” y “riesgo vital”, pero la letra y la firma del forense eran tan ilegibles que se pidió una transcripción a la clínica forense de Colonia para entender lo escrito en el formulario. Esa transcripción, sin embargo, no hizo mención a los riesgos citados en el documento original por motivos desconocidos. Por eso la Fiscalía solicitó una junta médica y pidió que, entretanto, el Instituto Nacional de Rehabilitación derivara al recluso a un centro que le garantizara tratamiento. Así, Calvete pasó a la cárcel Juan Soler de San José, mientras Arsuaga apeló el recurso de Naupp.
El martes pasado el tribunal de alzada coincidió con los argumentos de la fiscal y ordenó la junta médica. Los peritos del Itf deberán expedirse, específicamente, sobre la salud del recluso en función de los requisitos del artículo 131.
También el martes venció el plazo que tenían los acreedores del cambio (Camvirey SA) para presentarse al “concurso necesario” solicitado a la justicia por el grupo de trabajadores que representa el estudio Aldecoa. Según informó ayer El País, hay cien que aspiran a cobrar los depósitos (ilegales) o el dinero que entregaron para el pago de gastos comunes u otros trámites. El síndico evaluará los créditos y depurará el listado –que encabezan los trabajadores y el Estado– de quienes se repartirán los magros activos de la empresa. La junta de acreedores fue convocada para la tercera semana de setiembre y varios podrían quedar sin cobrar ya que –de acuerdo al diario– los activos recuperados no superan el millón de dólares.
A todo esto el juez Arsuaga, que esta semana volvió a tomarse licencia, continúa sin responder al pedido de procesamiento para el contador Humberto Capote, ex presidente del Bcu durante el segundo mandato de Julio Sanguinetti y asesor de los Sanabria en la casa cambiaria. Durante la indagatoria, Francisco Sanabria aseguró que sus maniobras no hubieran sido posibles sin el apoyo del avezado contador.
