En medio de cifras ajenas a nuestro manejo económico cotidiano, promesas electorales, necesidades y proyectos de país, en este texto se transita por algunas dificultades vinculadas al debate presupuestal y se describe el incremento solicitado por la Udelar y lo planteado por el Ejecutivo en la rendición. Por último, se señalan algunos asuntos pendientes de debate.
DIFICULTADES DEL DEBATE. El socioanalista francés René Lourau señalaba que la sociedad despliega dos procesos que impiden o dificultan su análisis por quienes son parte de ella. Uno de ellos fue denominado “efecto Weber” y consiste en que cuanto más se complejiza la sociedad en términos jurídicos y tecnológicos, más opaca y dificultosa resulta su comprensión. A mayor complejidad, mayor fragmentación de los saberes sociales y, por ende, mayor es la dificultad para realizar análisis integradores del acontecer histórico social. Al otro proceso lo llamó “efecto Lukacks”, y está relacionado con el avance y profundización del saber científico. Lourau plantea que en la medida de que una ciencia se desarrolla, oculta o niega el saber social que le dio origen, ahoga su procedencia y cometidos para la vida en sociedad.1
En la economía estos dos procesos se expresan de forma simultánea y se imbrican de forma tal que no resulta sencillo opinar, participar y debatir sobre algunos de sus temas. El presupuesto público es uno de ellos, y esa capacidad de comprensión y entendimiento determina quiénes y cómo se definen los destinos comunes. Quien no es capaz de trabajar con datos e indicadores macroeconómicos tiene escaso margen para opinar con certeza en cuanto a la asignación de presupuesto y su distribución en las distintas áreas estratégicas del país. Proyecciones de crecimiento del Pbi, inflación, gasto público social, Ipc, déficit fiscal, canasta básica y otros términos son utilizados cotidianamente sin reparar en su complejidad ni en la “politicidad” que encierran.
Este señalamiento no pretende vulgarizar la ciencia económica y las complejidades de la disciplina, sino manifestar la carencia de alfabetizadores en el tema, y la falta de información pública que permita fomentar otro tipo de debates y posicionamientos. Debe reconocerse el trabajo pedagógico de ciertos colectivos y organizaciones (Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, Red de Economistas de Izquierda, Cooperativa Comuna), pero urge multiplicar los esfuerzos por democratizar un saber que condiciona, por ejemplo, el ingreso mensual de un trabajador o trabajadora, el dinero disponible para financiar los gastos de un local educativo, cuáles son los recursos públicos y cómo se administran. Los conceptos, sin la argumentación de las decisiones políticas que implican, confiscan la discusión entre entendidos y limitan su análisis colectivo.
El debate actual sobre presupuesto educativo no sólo hace a cifras del gasto público social y porcentajes del Pbi, sino que implica la forma en que se promueven áreas estratégicas del país, a partir de la formación y capacitación de los sujetos necesarios para llevarlas adelante. Para esto la comparación entre datos económicos actuales y pasados no resulta del todo oportuna. Es innegable que los gobiernos progresistas superaron la inversión educativa de administraciones anteriores. En todo caso es preciso observarse a la luz de economías que, con sus particularidades, han realizado ciertas apuestas por mejorar el presupuesto educativo. Por ejemplo, Cuba invierte 13 por ciento de su Pbi en educación, y Bolivia destina un 6,9. Revisar esos modelos, sus aciertos y desafíos puede permitir generar otras lecturas de la inversión educativa actual y qué proyectos de país sostienen nuestras decisiones presupuestales.
PRIORIDADES DISTANTES. La solicitud de la Udelar para 2018-2019 se estructuró considerando seis proyectos transversales. Los montos se definieron en función de la meta propuesta por el gobierno, de llegar al 6 por ciento del Pbi para la educación al finalizar el período. El primer proyecto es de adecuación salarial, que incluye los incrementos acordados en el convenio colectivo con los funcionarios no docentes; para eso se solicitaron 3.028 millones de pesos. Un segundo proyecto está orientado a mejorar la calidad académica y las condiciones laborales; para eso se solicitaron 1.091 millones de pesos. El tercero se dirige a mejorar la infraestructura para el estudio, lo cual implica atender el crecimiento de la matrícula estudiantil y las condiciones edilicias necesarias; para eso se solicitaron 1.064 millones de pesos. El cuarto está vinculado con la promoción de la investigación y el fortalecimiento de posgrados, para lo cual se estimaron 785 millones de pesos. Un quinto proyecto está relacionado con el acceso democrático a la enseñanza superior; se solicitaron 1.077 millones de pesos. Con esta propuesta está previsto eliminar la existencia de cupos en ciertas carreras y aumentar la cantidad de becas a estudiantes de bajos recursos. El sexto y último proyecto busca mejorar la calidad de la gestión y el desarrollo de la institución; se solicitan 1.014 millones de pesos. Además de éstos, se solicitaron 259 millones de pesos para gastos e inversiones del Hospital de Clínicas y 370 millones de pesos para obras de la planta edilicia. En total, para lo que resta de este período de gobierno, la Udelar solicitó un incremento presupuestal de 8.688 millones de pesos.2
El Ejecutivo plantea incrementar 348 millones de pesos sólo para 2018, y únicamente destinados al rubro aumento salarial. El monto propuesto representa el 7,8 por ciento de las proyecciones de incremento de la Udelar para 2018 y el 17,7 por ciento de lo previsto para adecuación de salarios. El año próximo, en función del comportamiento del desempleo y del déficit fiscal o público, el Ejecutivo presentará los nuevos lineamientos económicos para cerrar este período de gobierno.3 Con esta propuesta de asignación de recursos por parte del Estado, de 2015 a esta parte la educación nacional se ha planificado de a pequeños tramos temporales y de acuerdo a la coyuntura económica del momento (Brecha, 23-VI-17). Esto ya ha sido señalado por distintas autoridades universitarias como algo altamente negativo para las proyecciones del país en ciencia y tecnología. A su vez, la propuesta de rendición no sólo no se aproxima a la porción de la Udelar en el 6 por ciento, sino que no permite alcanzar ciertas metas en materia de enseñanza superior, como el acceso universal a todas las carreras, becas que colaboren con la permanencia de los estudiantes, o resolución pública de la situación del Hospital de Clínicas. En esta decisión macroeconómica se condiciona el proyecto de educación superior para el país y sus posibilidades de consolidación antes de que finalice este período de gobierno. Por eso las cifras, porcentajes y estimaciones de crecimiento condensan proyectos nacionales de desarrollo educativo. Así, lo político y lo económico son elementos indivisibles.
ASUNTOS PENDIENTES. La Udelar en tanto ente autónomo responde a las definiciones estratégicas del país y a las prioridades del sistema de gobierno. Que el Ejecutivo no vea posible acceder a su solicitud no implica suspender el debate público en torno a cómo promovemos el acceso igualitario a la educación superior, cómo fomentamos la permanencia de estudiantes que provienen de los sectores de más bajos ingresos, o cómo dignificamos parte de los salarios. Más allá de los porcentajes del Pbi y de los compromisos electorales, este es un debate en el que debemos ingresar luego de 12 años de gobiernos progresistas y de un incremento sostenido del presupuesto educativo. Es decir, de qué forma se profundiza el acceso democrático a la educación y cómo se resguarda la calidad de la propuesta educativa. En este momento esta discusión es cometido del Legislativo.
En segundo lugar, que el incremento presupuestal educativo sólo se sostenga en la creación de un impuesto a los juegos de azar y en el aumento de la tasa consular a las importaciones también es otro debate abierto. Desde el Cuesta Duarte se ha planteado aumentar el impuesto al patrimonio, incrementar la tasa del Irae, estudiar la posibilidad de darle progresividad al Irpf categoría I, y utilizar reservas nacionales para invertir en áreas estratégicas.4 A raíz de la rendición de cuentas de 2016 se crearon dos comisiones mixtas entre el Ejecutivo y el Legislativo para estudiar nuevas formas de recaudación fiscal (Brecha, 5-VIII-16), y su resultado sólo parece haber sido la modificación tributaria mencionada. Democratizar ese debate puede permitir otros consensos que hoy no están explicitados. Consecuentemente, puede trazar líneas de diálogo y trabajo conjunto con la central sindical y los gremios de la educación, cuando hasta ahora la relación ha sido tensa o directamente de conflicto.
El debate sobre el destino de la educación superior del país y la financiación necesaria para llevarla adelante implica asumir la utilidad o no de la producción de conocimientos en el marco de un programa político de justicia y equidad social. Aún no sabemos cómo superar la situación de las 300 mil personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, ni la de las 6.500 que permanecen en la indigencia. Aún no conocemos la forma de combinar desarrollo agropecuario, preservación de la salud y uso sostenible del ambiente y los recursos naturales. A diez años de la reforma de la salud aún no se ha podido reorientar el sistema hacia la atención primaria y evitar así la profundización de su mercantilización. Si el país no le encarga a la Udelar la producción de conocimiento sobre estos y otros aspectos igual de relevantes, todavía no está claro a quién se lo va a encargar.
* Docente de la Sede Paysandú del Centro Universitario Regional Litoral Norte. Integrante de la Asociación de Docentes de la Udelar.
1. Manero, R (1990), “Introducción al análisis institucional”, en Tramas, 1(1), 121-157.
2. Por más detalles en cuanto al pedido presupuestal de la Udelar: http://www.universidad.edu.uy/presupuestoudelar/
3. Por más detalles sobre la propuesta de rendición de cuentas del Ejecutivo: https://www.mef.gub.uy/21740/1/mef/poder-ejecutivo-presento-al-poder-legislativo-rendicion-de-cuentas-2016.html
4. Icudu (2017), “El dilema presupuestal”, disponible en: http://www.cuestaduarte.org.uy/noticias/item/629-el-dilema-presupuestal