Esta semana el parlamento unicameral venezolano, controlado por la Mesa de Unidad Democrática (Mud), que nuclea a la oposición, decidió iniciarle juicio político a Nicolás Maduro. Su objetivo, dice en su resolución, es determinar si el presidente “tiene responsabilidad en las graves violaciones a la Constitución y los derechos humanos” que habrían seguido a la suspensión del referéndum revocatorio de su mandato que la oposición estaba intentando convocar. Maduro fue citado para el martes para que dé explicaciones y se defienda.
Lo que seguirá se sabe de antemano: la Asamblea Nacional (an) encontrará culpable al presidente de todo lo que se lo acusa, y Maduro no asistirá a la sesión parlamentaria. Y el Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) anulará lo que la AN resuelva. (Ya en agosto la Sala Constitucional del Tsj había anunciado que toda decisión emanada del parlamento sería declarada “inconstitucional” mientras conservaran sus fueros tres diputados cuya elección había sido declarada nula.) En paralelo, Maduro citó al Consejo de Defensa de la Nación (Codena), un órgano de consulta del Ejecutivo en “asuntos relativos a la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”, y que reúne a representantes de la Vicepresidencia Ejecutiva, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral, el Ministerio de Defensa y la Asamblea Nacional. La reunión, que se concretó el miércoles, estaba convocada para debatir acerca del “golpe parlamentario de la Asamblea Nacional y el plan de diálogo para la paz” presentado por el gobierno, y, como también era previsible, fueron todos menos uno: Henry Ramos Allup, único portavoz de la actual oposición en ese organismo. Maduro aprovechó para fustigarlo: “Lamento mucho que el presidente de la AN continúe en desacato a la Constitución y no quiera dialogar”, dijo. Ramos Allup respondió diciendo que no iba a “avalar con su presencia” el “teatro montado por Maduro”.
Las escaramuzas de esta semana es más que probable que sigan en las próximas, mientras se dibuja más que tímidamente la posibilidad de que se inicien negociaciones. Del lado de las escaramuzas: el paro nacional de 12 horas convocado por la oposición para hoy viernes para seguir presionando por la convocatoria al referéndum revocatorio. El miércoles había habido masivas marchas en Caracas y otras ciudades con el mismo objetivo, y habrá otra hacia el Palacio Miraflores, la sede del Ejecutivo, el jueves 3. “Están borrachos, están desesperados y han recibido la instrucción del norte de acabar con la revolución bolivariana como sea. Barack Obama se va y quiere destruir a Venezuela antes de irse”, dijo el miércoles Maduro durante un contraacto convocado por el Partido Socialista Unificado de Venezuela (Psuv). “Quieren tomar Venezuela. Llamo al trabajo, y con el trabajo a derrotar a aquellos que quieren hacerle daño a nuestra patria, aquellos que quieren llenarnos de violencia, a aquellos que quieren llevar a la patria a una desestabilización”, agregó.
¿POR TEVÉ? Del lado de las negociaciones, lo único que aparece por ahora en el horizonte es la posibilidad de un encuentro convocado por el mediador designado por el papa Francisco, el arzobispo argentino Emil Paul Tscherrig. La convocatoria, también apoyada por la Unasur y prevista para realizarse en Isla Margarita, divide a la oposición. El ex candidato presidencial Henrique Capriles y Ramos Allup anunciaron el miércoles que no irán, que a la oposición nadie la consultó para saber si estaba o no de acuerdo en reu-nirse con representantes del gobierno y que se enteraron de la cita de Isla Margarita “por televisión”. “No están dadas las condiciones para el diálogo”, se pronunció también Voluntad Popular, el partido del ultraderechista preso Leopoldo López. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mud, fue bastante menos tajante. Las conversaciones convocadas por el representante del papa Francisco, mediador acordado por las dos partes, apuntan a “definir una salida pacífica de la crisis política que vive el país”, y a todas ellas “deben” ir los representantes de la oposición, dijo. Torrealba, el único dirigente de la Mesa que se reunió hasta ahora con el arzobispo de Buenos Aires, declaró también que la Mud estaba al tanto de que se proyectaba un diálogo con el gobierno en Isla Margarita, desmintiendo que sus dirigentes lo hubieran sabido “por tevé”. “Ir al diálogo no significa transar”, afirmó también. Ramos Allup y Capriles piensan por su lado que, si “encuentro de diálogo” hay, tendrá que ser en Caracas, “a la vista de todos”, y no en una isla turística, y que la oposición tendrá que fijar condiciones “innegociables” al gobierno. La primera, dijo el ex candidato presidencial, es la realización del referendo revocatorio. En una declaración anterior, la Mud había fijado sus objetivos en caso de que se iniciara un proceso de diálogo. Eran cuatro: “respeto al derecho al voto, libertad para los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la autonomía de los poderes”.
DIVISIONES. En un análisis en el que considera las divergencias exhibidas por la oposición venezolana, el politólogo argentino Juan Manuel Karg apunta que hay en ella “dos tendencias nítidas, en una similar situación a la vivida en 2014: un sector dialoguista y otro abiertamente rupturista, que exige ‘calentar la calle’ nuevamente”. La diferencia con respecto a dos años atrás, dice, es que Henrique Capriles se ubica ahora en la última opción, luego de haber formado parte del sector “dialoguista”. El ex candidato presidencial parece actualmente “abonar a una línea más confrontativa, como la que comandó en 2013, tras el triunfo de Maduro” en las presidenciales. La puja interopositora, escribe el analista, “lejos de quedar enterrada con la victoria de la Mud en diciembre, sigue sobre la mesa y se acrecentó. Unos culpan a otros de que Maduro siga en Miraflores”. Karg estima que “los sectores más radicales”, a la cabeza de los cuales ubica a Lilian Tintori (esposa de Leopoldo López) y a la diputada Corina Machado, “buscan una insurrección antichavista”. Aunque el nuevo contexto regional –con la llegada al poder de Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, el giro conservador que se advertiría en otros países y la presión de la Oea– podría en parte favorecer esa estrategia, la situación interna en Venezuela la descartaría, apunta Karg. Y en su apoyo cita varios factores. El primero sería el peso que continúa teniendo “el imaginario chavista” “en la identidad de gran parte del pueblo venezolano, aun en condiciones adversas”. Datanálisis, una consultora vinculada a la oposición, “muestra que al menos cinco de cada diez venezolanos siguen reivindicando el legado de Chávez”. El segundo factor sería que habría en Venezuela una cierta recuperación económica. “La progresiva suba en los precios internacionales del petróleo y una mejora en indicadores como el riesgo país parecen demostrar que es posible un rebote luego de meses de profundas complejidades. Sobre el primer planteo, la reciente gira de Maduro por países de la Opep y no Opep deja un piso de acuerdos que haría prever un crecimiento de expectativas de cara al año próximo”, estima Karg. Otra encuestadora citada por el argentino, Hinterlaces, a la que se da como ligada al gobierno, observó cierto efecto positivo de algunas de las medidas decididas por el Ejecutivo. Entre ellas estaría la acción de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), creados en abril pasado, “que se constituyeron en un bypass –tal como hacía Hugo Chávez con las Misiones respecto del propio Estado– frente a la distribución privada de alimentos, donde aún hoy sigue brillando el acaparamiento”, dice Karg.
El tercer factor que impediría cualquier posibilidad de éxito de una opción violenta sería la hegemonía chavista sobre las fuerzas armadas.
Pero otro es el punto de vista de analistas vinculados a la oposición, que aun sin apostar a una “insurrección antichavista” alientan la salida de Maduro. Margarita López Maya, doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela e integrante del Comité Directivo de Clacso, sostiene que de lo que más adolece el gobierno actualmente es de la “falta de pueblo”. “Ese es su talón de Aquiles”, dice (“Para el chavismo es todo o nada”, Prodavinci, 22-X-16). “Gobernar sin pueblo se puede”, apunta, pero “en su deriva autoritaria”, que lo ha llevado a transitar el camino de “un régimen híbrido a una dictadura franca”, el oficialismo se está quedando cada vez más sin respaldos en el plano nacional e internacional, al tiempo que la crisis económica y social se agudiza a pesar de los anuncios del gobierno. Si Maduro aún no ha sido desplazado es sobre todo porque no ha habido un acercamiento entre la Mud y el “chavismo disidente”, y porque la propia Mud no ha salido de sus divisiones, piensa. Y menciona igualmente cierta anomia social y política. “La ciudadanía, por su parte, está avasallada por tantos problemas cotidianos que parecieran día a día agravarse. También está reducida a sus espacios privados por una violencia social que se desborda en las calles y que no permite una participación masiva en los asuntos públicos. También es cierto que la cultura rentista nos ha individualizado en extremo y cada quien se atrinchera en esa bolsa Clap, en esa bequita del hijo, en ese empleo público, de los que el ministro Ricardo Molina (de Transporte y Obras Públicas) amenaza con despojarnos si exteriorizamos nuestros deseos de un cambio político de modelo y elite.”
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De paso por Montevideo, esta semana, Tarso Genro, uno de los referentes del ala izquierda del Partido de los Trabajadores de Brasil, fue interrogado por Brecha acerca de su postura ante la situación venezolana. “Como la izquierda de la región en general, el PT está muy dividido. Siempre hemos apoyado el proceso revolucionario y la revolución bolivariana, pero las cosas hoy son distintas. El gobierno de Maduro muestra un autismo que no favorece en nada las cosas”, dijo.
Una carrera de tiempo
Por Luis Bruschtein*
Las dos veces que el chavismo perdió elecciones lo reconoció. La última fue en las legislativas de diciembre de 2015. Y fue un duro revés: obtuvo el 41 por ciento de los votos y la oposición el 56. Fue un triunfo democrático para la oposición –que ganó en las urnas– y para el chavismo, que reconoció una derrota que se acrecentaba por el sistema de representación. La oposición logró el control total del Legislativo con los dos tercios de la Asamblea. En el inicio de una crisis por el derrumbe de los precios del petróleo, y respecto de resultados previos, el chavismo había perdido 2 millones de votos y la oposición sólo había sumado 300 mil.
La situación venezolana ha mantenido un marco institucional pese a la profunda polarización, a la presión internacional y a intentos golpistas. Dentro de la oposición hay sectores abiertamente golpistas y otros más enfocados a la vía electoral.
El chavismo afirma que los votos que perdió en 2015 expresaban el malestar por los problemas económicos, pero que muchos se arrepintieron al ver el resultado. El 41 por ciento no es una marca despreciable. La mayoría de los presidentes tiene menos al final de su mandato o en elecciones de medio término. El retorno de esos 2 millones que espera el chavismo se podría dar como un proceso lento en el marco de una recuperación aun más lenta de la economía. Hay una carrera de tiempo entre la oposición y el chavismo. La derecha quiere apurar y el chavismo espaciar. Esos tironeos producen fuertes remezones, pese a lo cual se ha mantenido el marco institucional, con un presidente chavista y un Congreso opositor.
Con el precio del barril de petróleo alrededor de los 50 dólares, como en estos días, la economía venezolana puede funcionar. A medida que mejore la economía el chavismo apuesta a recuperar, en el tiempo de gestión que le queda, los votos que perdió. La oposición sabe que la ventaja de 2015 no es tan firme y presionó para adelantar el referéndum. Pero fracasó en su intento de hacerlo antes de fin de año porque la justicia detectó miles de firmas falsas en la solicitud. En el mejor de los casos se haría el año próximo, con lo cual el chavismo terminaría su mandato. Ante esa derrota, la oposición apostó a provocar el cierre del Congreso, al tratar de destituir al presidente Nicolás Maduro con una acusación ridícula (dicen que es colombiano).
Tras los golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil, la región perdió la inocencia. Mauricio Macri fue el encargado de encabezar la ofensiva contra Maduro. La cola de paja de Brasil y Paraguay, que provienen del golpismo parlamentario, demuestra que la crisis venezolana es similar a la destitución de Fernando Lugo y Dilma Rousseff por parlamentos controlados por la oposición conservadora. El golpismo parlamentario dejó de ser novedoso.
* Periodista argentino residente en Venezuela durante largos años. Tomado de Página 12, de Buenos Aires.
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