Las casas tapiadas con cemento y madera, en mal estado, llenas de plantas y basura, son paisaje común en Montevideo y la región metropolitana. En la otra vereda, cada año hay una demanda de 10 mil hogares, que requieren vivienda nueva y en muchos casos no la consiguen.
Un reciente documento del Partido Comunista (Pcu) que, entre otras cosas, propone multar a quienes especulen con inmuebles no habitados, afirma que Uruguay “tiene un superávit habitacional”. En otras palabras, la infraestructura construida daría para satisfacer a toda la demanda nacional, pero el problema está relacionado con el acceso a las que ya existen y no tanto con la necesidad de construcción de inmuebles nuevos. Las palabras del ex diputado comunista (hoy secretario general del Sunca) Oscar Andrade son ilustrativas: “si bien en Uruguay ha habido mejoras en muchos indicadores, los dramas que tienen que ver con la vivienda tienen datos que son interpelantes; en el período intercensal de 1996 a 2011 se pasó de 140 mil a 240 mil viviendas vacías. En 12 años de crecimiento inédito de economía y mejora de todos los indicadores sociales, la mejora de la vivienda es una mejora muy parcial. Pasamos de 180 mil uruguayos viviendo en asentamientos a 160 mil…”.
A fines de 2009 el entonces vocero de la Defensoría del Vecino, Fernando Rodríguez, ya había comenzado a visualizar el tema y tomó la posta para un relevamiento (realizado junto con los ministerios de Desarrollo Social y Vivienda, la Intendencia de Montevideo y el Inau) sobre fincas abandonadas y ocupadas en conflictividad con el entorno. El ex ombudsman abandonó la defensoría en 2013, reconociendo que éste fue uno de los temas que quedó en el debe.
A raíz de esto, los diputados del sector frenteamplista Asamblea Uruguay, Alfredo Asti y Mariano Guarinoni, advirtieron el impacto negativo que generan las viviendas abandonadas y presentaron un proyecto en 2012. El eje central fue que ese tipo de viviendas se declaren judicialmente en abandono.
La propuesta se apoyó en la ley de ordenamiento territorial que, en su artículo 37, aclara que el propietario tiene la obligación de cuidar, conservar y proteger sus inmuebles. Propone así encontrar a los responsables de las viviendas abandonadas y luego “intimarlos” a cumplir con esa ley. Cuando no hay un propietario que se haga cargo, el código civil uruguayo prevé que el inmueble pase a poder del Estado, responsable de darle una utilidad.
Asti explicó a Brecha que las casas en estas condiciones generan no sólo un problema en la seguridad pública, edilicia y ambiental, sino también en toda la sociedad que ha “invertido en la trama urbana, dándole todos los servicios”. Y que el hecho de inutilizar parte de los servicios públicos directos (agua y energía) e indirectos (alumbrado y transporte público) es una “ineficiencia del uso democrático”.
Este año el diputado del Pcu Gerardo Núñez presentó a la bancada del Frente Amplio (FA) el proyecto de ley para la regulación del acceso a la vivienda digna, donde dos de los puntos fuertes son la regulación de los inmuebles vacíos u ociosos y los precios de los alquileres. El proyecto fue impulsado inicialmente por Andrade, ex diputado titular de la banca de Núñez y líder del Sunca. En diálogo con Brecha, Núñez explicó que el texto surge de una demanda social, después de haber intercambiado con miles de uruguayos a través de jornadas de visitas a los barrios, talleres y fábricas.
A diferencia del proyecto Asti-Guarinoni, éste se centra en las viviendas vacías u ociosas, que conforman otra categoría distinta a las abandonadas. Se considera ociosa aquella vivienda que está en condiciones de ser habitada pero que no se vuelca al mercado “sobre todo por razones especulativas de grupos inmobiliarios. Mantienen en alza la demanda y por tanto también regulan hacia el alza los precios de los alquileres”, argumentó Núñez. El elemento diferencial de esta categoría es que el inmueble no tiene deudas ni problemas edilicios, está pronto para usarse. Están contempladas en las excepciones las casas de temporada, y las que están en proceso de compra-venta, de reciclaje o en construcción. “Entendemos que es una medida fuerte pero que coloca determinados elementos flexibles para que no a cualquier casa que esté vacía le vaya a caer la multa. Es con determinadas condiciones”, ilustró el diputado comunista.
A su vez, Andrade manifestó a Brecha que sigue existiendo más de un 7 por ciento de uruguayos que están en zonas inundables y decenas de miles en viviendas en peor estado, con riesgo de derrumbe. Entre 160 y 170 mil uruguayos viven en condición de “allegados”, es decir, con más de un hogar en la misma vivienda. “Lo que hicimos fue desagregar el número de las viviendas vacías y nos encontramos con que del total censado hay 120 mil viviendas que son de segunda propiedad y otras 15 mil que están vacías porque están en proceso de construcción. De todas formas, quedan más de 100 mil que se distribuyen casi en partes iguales: la mitad en viviendas abandonadas y la otra mitad en viviendas vacías.”
La otra pata del proyecto, si bien se enfoca en topear los alquileres, oficia también como un regulador de las viviendas vacías porque genera un concepto de multa para cuando hay viviendas ociosas con componente de especulación (sobre todo en los casos de apartamentos). “El centro de lo que establece la ley es que la vivienda tiene una función social y no especulativa”, puntualizó el sindicalista del Sunca. Tanto Núñez como Andrade coincidieron en que el de Asti es “un proyecto a reflotar”. Que acompañan la propuesta, pero que están colocando una lógica diferente que atiende otra problemática. Para Núñez, lo importante es que “la política pública sea integral más allá de que haya uno o dos proyectos, que el objetivo sea el mismo”.
Todavía ninguna de estas iniciativas ha podido completar el círculo y llevarse adelante.1 El proyecto de Asti fue presentado en la Comisión de Constitución y Códigos de la legislatura pasada y trancado por legisladores de la propia comisión, por eso se resolvió, en acuerdo con la bancada del FA, pasarlo a la Comisión de Vivienda. A principios de este año, en una reunión del Pit-Cnt con Tabaré Vázquez, se puso el tema de inmuebles abandonados sobre la mesa y el presidente recomendó a los ministerios de Trabajo y Economía que apoyaran el proyecto, lo que se interpreta como un respaldo del Ejecutivo.
“Tengo mis presunciones de por qué el proyecto fue trancado, pero como el reglamento de la Cámara dice que no se puede presumir intenciones, yo no voy a hacerlo”, dijo Asti, aunque deslizó que en el fondo de la cuestión está el derecho a la propiedad privada. “Hay legislaciones en muchos países, capitalistas y muy capitalistas, que tienen regulado el uso de la función social de la propiedad. No podemos seguir inamovibles con principios o adecuaciones a principios que eran de otra época”, resumió Asti.
Para Andrade y Núñez, la cuestión pasa directamente por lo popular, porque estos son proyectos que tocan la renta y por lo tanto generan resistencia: “Esa resistencia se expresa en todos los niveles; en el nivel político partidario, legislativo y social”. Con la idea de contrarrestar esa puja entienden que hay que generar un gran movimiento social que esté “convencido y dispuesto a luchar por estas reivindicaciones, que son justas, pero que requieren del compromiso y de la participación”, definió Núñez.
Andrade también lo percibe así: “al proyecto de Alfredo (Asti) lo que le faltó fue lucha…Cuando me preguntan: ¿por qué no salió la propuesta de viviendas abandonadas?, yo me pregunto: ¿cuántos muros pintados hubo reclamándola?”. El dirigente analiza que “no hay ninguna ilusión” de que se vote un proyecto si las organizaciones sociales no se hacen cargo, y que ya existe en esta línea un planteo al Pit-Cnt, a Fecovi, a Fucvam y al Movimiento Inquilino: “Lo de alquileres no va a salir si no hay pueblo organizado atrás pujando. Y es más complicado todavía, porque no te estás metiendo con la vivienda abandonada, te estás metiendo con la vivienda que tiene dueño”. En sus opiniones traza el enfrentamiento de dos concepciones: una liberal extrema que dice “si la casa es de él, que cobre lo que se le antoje” y otra es “la vivienda tiene una función social”. “Pero Uruguay no puede seguir teniendo todos los años niños y mujeres que mueren en asentamientos precarios, calefaccionando como pueden los ranchos en invierno, y miles de casas vacías. Algunas vacías abandonadas y otras vacías por especulación”, enfatizó.
Benjamín Nahoum (ingeniero civil, docente universitario y asesor de Fucvam) manifestó que desde un principio esa organización social se pronunció a favor de la iniciativa de Núñez y Andrade. Además, opinó que no todos los proyectos de vivienda resultan estancados: “El proyecto de ley de la llamada vivienda de interés social que exonera de impuestos a los inversores privados salió muy rápido”, entre otras cosas por la presión que hubo de parte de las inmobiliarias y los inversores privados. “En cambio el proyecto de Asti-Guarinoni de 2012 todavía no salió de comisión en la primera cámara, o sea que prácticamente le pusieron arriba una lápida.”
Para Nahoum cuando se cuestionan los centros de poder económicos, es muy difícil que salgan estos proyectos, “incluso en este caso, promovido por dos diputados como Alfredo y Mauricio que son del sector del ministro de Economía”, porque hay “temor político” a atacar aspectos de la economía capitalista. El ingeniero repara en que cada cinco años hay elecciones y que todas se ganan por el 1 por ciento, por lo cual el temor de que se despierten reacciones fuertes se agrava, “a pesar de que la gente que se favorece con estas medidas es mucha más de la que eventualmente se puede perjudicar”.
El asesor de Fucvam sostiene que es imposible que estos intereses no estén, la cuestión es cómo pelear contra eso. Las estrategias juegan un papel importante. En el proyecto de alquileres, por ejemplo, se configuran dos tipos de mercados, uno libre y otro regulado por el Estado, y se busca incentivar justamente el ingreso a ese mercado regulado. “Tiene que haber una presión social que determine un costo importante para quienes digan que no a estos proyectos; si la cuestión queda en los despachos efectivamente gana el poder que llega hasta ahí”, remata Nahoum.
- Brecha procuró recabar la visión de los responsables de la Dirección Nacional de Vivienda a propósito de esta problemática, pero no obtuvo respuesta.