Mientras el gobierno trabaja en las causas sociales que promueven el delito, bajo fuertes cuestionamientos por la aparente ineficacia de sus políticas, la videovigilancia aparece como un método efectivo tanto para desestimular a los delincuentes como para facilitar el trabajo de la Policía y de la justicia cuando los crímenes se consuman ante el ojo de las cámaras. En Uruguay, la experiencia iniciada en 2003 en la Ciudad Vieja de Montevideo inauguró una tendencia: el uso de la tecnología para vigilar a los ciudadanos como método para garantizar la seguridad pública. Desde hace dos años el Ministerio del Interior (MI) trabaja con todas las jefaturas, intendencias y gremiales comerciales en proyectos de videovigilancia para las capitales departamentales. En algunos casos ha logrado avances significativos, aseguró a Brecha el director del Centro de Comando Unificado (Ccu) del MI, Robert Taroco, quien participa en cada uno de estos proyectos. Pero ninguno, ni siquiera Montevideo, ha alcanzado la magnitud y las características del que se propone para Maldonado. Dentro de 24 meses todo lo que se mueva en este departamento estará bajo la vigilancia de 1.200 cámaras con tecnología de última generación. El plan de seguridad denominado Maldonado, Ciudades Inteligentes tiene características inéditas en el país porque la millonaria inversión no será del MI sino de la Intendencia de Maldonado (Idm) y porque la firma que proveerá los equipos y programas informáticos tiene voz y voto en la estrategia de seguridad. La israelí Elbit Security Systems Limited (Elsec) cobrará a la Idm 18,5 millones de dólares por el hardware y el software de todo el sistema departamental, aunque la inversión superará los 20 millones de dólares si se consideran las obras necesarias para poner el sistema en funcionamiento y mantenerlo (véase recuadro). El proyecto se aplicará en forma gradual y se espera que entre 300 y 400 cámaras estén operativas en la zona balnearia y la capital departamental para el próximo verano. El plan departamental fue diseñado en los últimos meses por el MI junto a expertos de Elsec, con aportes del personal de la Jefatura de Maldonado, de la Prefectura Nacional Naval y de la Idm. A excepción de la península esteña, donde se instalarán “por saturación”, en el resto de las ciudades se ubicarán de acuerdo al mapa delictivo del departamento, aclaró Taroco. A pedido del gobierno departamental, también se ubicarán cámaras frente a centros deportivos, escuelas, liceos y espacios públicos a preservar de actos vandálicos. No todas las cámaras estarán a la vista; en algunos casos los transeúntes circularán sin saber que están siendo vigilados. Y además habrá una cierta cantidad de equipos con sistema de analítica fuera de línea (es decir que no estarán conectados a Internet o permanecerán apagados).
BAJO SOSPECHA. Los sensores con sistemas de analítica en tiempo real serán programados para alertar al visualizador de las imágenes cuando interpreten conductas que la Policía considere anormales o sospechosas dentro del perímetro establecido. La alerta podrá activarse cuando alguien pase corriendo o permanezca demasiado tiempo en un lugar, o circule sin aparente sentido, cuando se produzca alguna aglomeración, o se detecte algún objeto aparentemente abandonado. A grandes rasgos el sistema es similar al instrumentado en la Ciudad Vieja de Montevideo pero más moderno y con todo el know how de una empresa ubicada entre las mejores del mundo en su rubro, destacó Taroco. En los peajes, cruces de caminos y accesos al departamento habrá cámaras programadas para leer la matrícula de los vehículos quietos o en movimiento (Lpr). “Cada programación dependerá de lo que interese ver en determinado lugar”, fundamentó el funcionario. Respecto del uso de las imágenes, aseguró que estarán en custodia del MI y se manejarán de acuerdo al protocolo de protección de datos de la cartera. Los registros irán a un centro de monitoreo controlado por personal policial y serán observados por unas 50 personas, entrenadas para esa tarea específica. Este personal ingresará tras un llamado en el que se pedirán perfiles basados en la experiencia del MI y en las sugerencias de la empresa israelí. Los civiles seleccionados tendrán una capacitación de aproximadamente un mes, que les dará rango de policías eventuales. Estarán supervisados por un experto policial que activará el protocolo de actuación cuando haya una alerta. Paralelamente, en el mismo local del centro de monitoreo habrá una oficina con funcionarios de la Idm que podrán solicitar imágenes para cualquier repartición comunal, confirmó a Brecha el arquitecto Roberto Chiacchio, director general de Planeamiento de la Idm, asignado al proyecto. No obstante, Taroco aclaró que la Intendencia “no manejará absolutamente nada en materia de videovigilancia, y tendrá que recurrir a los caminos protocolares si desea solicitar imágenes de su interés”, por lo cual rechazó que la participación del gobierno departamental en este acuerdo viole el artículo 262 de la Constitución, que prohíbe a las intendencias intervenir en asuntos de seguridad pública.
El funcionario ministerial también aseguró que los datos se almacenarán durante un mes y luego se eliminarán. Sólo podrán conocerse por orden del Poder Judicial (la alta definición de las imágenes posibilitará que se constituyan en pruebas para la justicia), para investigaciones internas de la Policía y para los organismos o entidades que los soliciten por escrito, garantizó.
Como sea, cualquier persona puede ser controlada, identificada o interceptada por la Policía como un presunto delincuente; es decir, perderá su privacidad en aras de la seguridad pública. Pero en un departamento turístico como Maldonado, donde la seguridad se asocia a la generación de fuentes de empleo en el turismo y la construcción, el equilibrio entre la prevención del delito y la privacidad no parece un asunto que preocupe a la mayoría de los ciudadanos. Ni siquiera el hecho de pagar un nuevo impuesto para cubrir apenas una parte de la inversión ha despertado, por el momento, quejas de la población.
LOBBY Y CAMPAÑA. El proyecto Maldonado, Ciudades Inteligentes se gestó por iniciativa de la Cámara Empresarial de Maldonado y, dentro de esta gremial, jugó un papel destacado la Comunidad Israelita Punta del Este-Maldonado (Cipemu). Desde la pasada administración frenteamplista esta organización desplegó un intenso lobby para instalar este sofisticado sistema de videovigilancia en el principal balneario uruguayo. En octubre de ese año la Cipemu logró que la nueva embajadora de Israel, Nina Ben Ami, llegara al departamento de Maldonado a entrevistarse con la directiva de la Cámara Empresarial y a visitar la Jefatura de Policía. Ya en plena campaña electoral departamental, la gremial presentó su proyecto a candidatos de diferentes partidos, planteando la posibilidad de que Elsec fuera la empresa a cargo del sistema, aunque Israel dispone de unas cuantas firmas destacadas en el mundo por sus servicios de seguridad. Por entonces Enrique Antía había hecho de la seguridad un tema central de su programa de gobierno, y no dudó en incorporar la propuesta. “Tuvimos cantidad de ofertas, de intermediarios que proponían contactarnos con empresas o que decían haber vendido sistemas a diferentes ciudades, hasta que la Cámara Empresarial nos invitó a una reunión con la Cipemu y alguien de Elsec”, recordó Chiacchio. Cuando Antía planteó su proyecto al ministro Eduardo Bonomi, aprovechando el Consejo de Ministros realizado en Maldonado, quedó claro que la cartera no contaba con recursos para una inversión de tal magnitud y que el plan sólo podría desarrollarse si era comandado por el gobierno uruguayo. El triunfo de Antía en las elecciones de mayo de 2015 y la existencia de un convenio entre Uruguay y el Departamento de Cooperación Internacional de Defensa de Israel (Sibat) allanó el camino. “Investigamos a la empresa, y el Ministerio de Defensa (israelí), a través de la embajadora, ratificó que Elsec es adecuada para este plan por su tecnología, equipo y trayectoria. Y comenzamos a trabajar juntos”, relató Chiacchio. Finalmente, el 10 de diciembre pasado la Intendencia y los ministerios de Defensa y del Interior suscribieron un “contrato marco y complementario”. Fue el paso previo al contrato que, el 3 de junio, suscribió la Idm con Elsec sin ningún proceso licitatorio. El gobierno departamental se amparó en un disposición del Tocaf que justifica la contratación directa cuando “las circunstancias exijan que la operación se mantenga en secreto” (artículo 33, literal C, numeral 8). “Una licitación se da de patadas con temas de seguridad. No podés hacer un proyecto que luego tienen todas las empresas, incluso las que pierden. Además, para elaborar el proyecto se necesita a la empresa. Y hay antecedentes: por un convenio idéntico, el MI le ha comprado a China tecnología para Montevideo”, argumentó Chiacchio. Desde entonces la comunidad israelita local, encabezada por el empresario Rolando Rozenblum, celebra haber sido la facilitadora de este plan. El intendente Antía, feliz de cumplir una promesa de campaña, festeja la concreción de “una cosa pesada” aunque todavía no explica cómo la pagará. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, habla del proyecto maldonadense como un salto cualitativo en materia de seguridad, “un ejemplo a seguir” en el resto del país. Aunque los proyectos de los restantes departamentos son más modestos, mientras las políticas estatales sigan sin afectar las causas sociales del delito, la industria de la seguridad seguirá de parabienes.
[notice]¿Cómo se costeará el millonario sistema de vigilancia?
Un impuesto y un santo en cueros
La Intendencia de Maldonado pagará a Elsec un total de 18,5 millones de dólares en tecnología (hardware y software) durante los próximos cuatro años, según el contrato que ambas partes firmaron la semana pasada. Para principios de agosto el gobierno departamental tendrá que anticipar el 30 por ciento del monto pactado (5.550.000 dólares), mediante transferencia directa a una cuenta bancaria de la empresa en Israel. De acuerdo al documento, al que Brecha accedió, “el 20 por ciento del precio total del anticipo debe transferirse dentro de los 30 días siguientes al contrato”, y “el 10 por ciento del precio total, dentro de los 60 días a partir de la firma del contrato”. El saldo de 12.950.000 dólares se pagará en siete cuotas durante la presente administración. Además, en los próximos meses la Idm destinará 1,5 millones de dólares a obras civiles –vinculadas a las conexiones eléctricas y de comunicación– y a la reforma del Círculo Policial de Maldonado, donde funcionará el centro de monitoreo unificado. Eso totaliza una inversión de 20 millones de dólares. Pero hay más: cuando el sistema esté operativo, la Idm tendrá que encargarse del mantenimiento de los equipos y del salario de los observadores del centro de monitoreo, “no menos de 70 personas, si se consideran turnos y licencias”, estimó el director de Planeamiento, Roberto Chiacchio. Esto último, los gastos de funcionamiento, se cubrirán con un adicional a la contribución inmobiliaria urbana y suburbana que se cobrará a partir del 1 de enero de 2017. Según establece el presupuesto quinquenal 2016-2020, el nuevo impuesto equivale “al 0,55 por ciento sobre los valores imponibles” de contribución inmobiliaria y tiene un monto mínimo de 100 pesos. Los ingresos, calculados en 7,5 millones de dólares para los cuatro años, serán administrados por una comisión tripartita. Aunque todavía se estudia la figura jurídica para su creación –podría ser una fundación sin fines de lucro–, se sabe que tendrá dos integrantes de la Idm, dos del MI y uno de la Cámara Empresarial de Maldonado en representación de la sociedad civil. El asunto es cómo hará la Idm para cubrir los 20 millones de inversión que no están previstos en el presupuesto (a excepción de 7,5 millones de dólares en inversiones de Planeamiento que, a todas luces, son los gastos de mantenimiento y sueldos que cubrirá el impuesto creado). Fuentes de la bancada frenteamplista afirman que el ejecutivo comunal nunca les informó sobre las características del contrato ni aportó detalles sobre la inversión mientras discutieron la creación del impuesto. Tampoco se sabe cómo afrontará la Idm el anticipo de 5.550.000 dólares que deberá pagar a principios de agosto, sobre todo en el contexto de debacle financiera que Antía acusa como herencia de la administración frenteamplista. “Habrá que desvestir algún santo”, contestó Chiacchio a Brecha, y sugirió despejar la incógnita con el director general de Hacienda, Luis Eduardo Pereira. Este jerarca no respondió llamados ni mensajes, por lo que será cuestión de tiempo saber qué santo quedará desnudo.
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