Aquellos que se oponen a la interrupción del embarazo asumen que la nueva disposición consiste en una movida política; la Fda aclara que se basa estrictamente en la ciencia médica. El candidato a la presidencia Donald Trump había afirmado en entrevista a la cadena Msnbc que se considera “pro vida”. El republicano defendió la prohibición del aborto y afirmó que las mujeres que se lo hacen “deben ser castigadas de alguna forma”. Un exabrupto que, como tantos otros, tuvo que matizar luego en una declaración escrita en la que volcaba la responsabilidad en los médicos y otras personas vinculadas al aborto: “La mujer es una víctima en este caso, como la vida en su vientre”.
Por supuesto que Hillary Clinton manifestó inmediatamente su rechazo, tildando la propuesta de Trump como “aborrecible”, y recordando los “bajos estándares” de los que el candidato hace alarde respecto de las mujeres. Los otros republicanos, tanto Ted Cruz como John Kasich –ambos en contra del aborto–, repudiaron las palabras de Trump y procuraron distanciar su deseo de prohibirlo (es legal desde 1973) de la idea de “castigo”.
Más allá de las controversias, lo importante es que a partir de ahora se redujeron las condiciones para que las mujeres puedan acceder a la mifepristona o RU-486, la pastilla más común para el aborto farmacológico desde el año 2000 (utilizada por más de 2,75 millones de mujeres, según los datos proporcionados por el laboratorio Danco, fabricante de la droga). La nueva disposición aprobó una nueva etiqueta que posee instrucciones para una correcta utilización del fármaco, en cuanto a dosis y plazos saludables, y quiebra la estrategia que se utilizaba en varios estados –como Texas, Dakota del Norte y Ohio– obligando a las mujeres a un sinfín de visitas médicas y clínicas con el fin de aplazar o evitar su uso, y por ende la interrupción del embarazo (al menos dentro de los plazos legales y saludables). A partir de ahora se puede ingerir una dosis menor de mifepristona hasta 70 días después del inicio del último período menstrual, en vez de 49 días, como decía anteriormente. Además la segunda pastilla podrá tomarse sin la necesidad de visitar a un médico.
Una vez conocida la noticia, el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos respaldó inmediatamente la decisión de la Fda. Su presidente, Mark S de Francesco, aseguró que “el acceso a los servicios reproductivos, incluido el aborto, es esencial para la salud de las mujeres”, y criticó los “ataques legislativos en varios estados, incluidos los requisitos que no reflejan la evidencia científica”.
Los republicanos, apegados a grupos religiosos, hicieron de la lucha contra el aborto su bandera y consiguieron que los médicos sólo pudiesen prescribir la píldora en 37 estados, en tres se obligaba a seguir al pie de la letra exámenes obsoletos (a partir de información científica publicada en la década del 90) y en otros 18 estados se exigía que el médico hiciera un seguimiento de las tres tomas de la pastilla, para evitar la prescripción por auxiliares sanitarios o por Internet.