El desafío está pautado: Uruguay debe actualizar un Código Penal que atrasa 80 años, lo que requiere sistematizar más de cien leyes extra código, armonizar su redacción y perspectiva con la justicia de género, con un enfoque generacional y con las recomendaciones que organismos internacionales han efectuado al país en distintas materias.
Para ese cambio, la Escuela de Gobierno del Parlamento, junto al Programa de Justicia e Inclusión, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (Opp), organizaron el 3 de diciembre pasado una jornada de reflexión sobre el Código Penal en la que varias organizaciones sociales presentaron críticas, propuestas y recomendaciones. Esta actividad, junto a un panel de expertos internacionales que aporten peso académico y experiencias de otros países en procesos de reforma y aplicación de la justicia penal, y el relevamiento de la legislación extra código, su clasificación por bien jurídico tutelado y la preparación de un anteproyecto para incorporar al proyecto de Código Penal, son parte del convenio que los organizadores firmaron con la Unión Europea en la legislatura 2010-2014.
En la apertura de la jornada la presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, de la Cámara de Representantes, Cecilia Bottino, sostuvo que deberán “elaborar un cuerpo orgánico, con normas penales que tengan equilibrio y coherencia” y construir “una obra sistemática y armónica”. “En el Código se establece la valoración que hace la sociedad acerca de los casos en que se recurre al instrumento penal. Es una decisión política por excelencia la de criminalizar o no una conducta y, a su vez, establecer su alcance”, afirmó. El escenario donde se barajan estas decisiones está tensionado entre un enfoque neopunitivista y un enfoque de derecho penal mínimo.
Qué y cómo penar. En los últimos 30 años los cambios en la normativa “casi siempre han sido para aumentar” las penas, subrayó Pablo Álvarez (Opp), con la idea de que “cuanto más grande sea la condena la gente se va a sentir menos tentada a cometer delitos, cuando el mundo ha demostrado que eso no es cierto”. La decisión sobre “qué cosas se pueden hacer y cuáles no” tiene costo para la vida, añadió. Reflexionar sobre el Código Penal es “reflexionar también sobre las condiciones de reclusión desde un enfoque que tome en cuenta los derechos de las personas privadas de libertad. Por lo tanto esta discusión no tiene que habilitar la construcción de meros parches en un sistema que viene desde 1934, sino que debe interpelarnos acerca de qué sociedad pretendemos construir”.
Desde el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur), Martín Fernández evaluó que existe una “creciente confusión entre la agenda social y la agenda penal”. Su colega Giannella Bardazano advirtió que, en lugar de crear “un conjunto de políticas públicas con perspectivas de largo plazo para enfrentar el problema del delito o de la inseguridad de manera integral y sometida a procesos de evaluación”, los esfuerzos nacionales en la materia han sido “aislados” como “consecuencia de urgencias coyunturales que requieren la intervención inmediata por parte de los agentes tomadores de decisiones, o responden a reclamos sociales o condicionamientos de la cooperación internacional, que pone en agenda la juridificación de áreas o el abordaje penal de determinadas problemáticas sociales”. El Ielsur consideró que el Parlamento está ante la “oportunidad histórica” de contar con un Código Penal “contrahegemónico”, que “tenga presente la realidad carcelaria, poblada de jóvenes y pobres”, y evite la criminalización en estos sectores sociales.
Poniendo un fuerte énfasis en la necesidad de que el Código Penal tenga perspectiva de género y generaciones, esté redactado con lenguaje inclusivo y su contenido se adecue a tratados internacionales que el país firmó (vinculados a diversos tipos de violencia, a trata y tráfico de personas, explotación sexual y derechos sexuales y reproductivos), se expresaron Cotidiano Mujer, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (Rucvds), Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), Mujeres en el Horno, Mujer Ahora, Mujeres de Negro, Infancia y Adolescencia Ciudadana (Iaci), el centro interdisciplinario Caminos y Ciudadanías en Red (Cire).
Ana Lima (Cladem) remarcó que el actual Código tiene una carga simbólica patriarcal, “con conceptos erróneos y desactualizados desde el punto de vista jurídico”, como el título sobre delitos contra las buenas costumbres y el orden de la familia, y mantiene la tipificación de “atentado violento al pudor” en vez de “abuso sexual”. “¿Cómo entramos las mujeres al sistema penal? Por la puerta de atrás, en el caso de los delitos de violación, y solamente si vamos de la mano de nuestros esposos –si estamos en matrimonio–, si somos buenas madres, mejores hijas y aceptables hermanas”, cuestionó. Para Andrea Tuana (Rucvds), el proyecto de Código “banaliza los delitos sexuales que no implican la penetración (vaginal o anal), denominándolos ‘contra el pudor’, y reduciendo la pena, de forma que permita la excarcelación”.
Mysu y Mujeres en el Horno argumentaron que el aborto debe ser quitado del Código Penal como delito, quedando penados los abortos forzosos, en la sección donde se establecen los delitos contra la libertad. También recriminaron que el proyecto presentado por el Ejecutivo en 2010 ordene los artículos sobre aborto bajo el capítulo de “protección de la vida prenatal”. Mysu también pidió crear una figura penal “que condene la violencia en todos los asuntos relacionados con la vida sexual y reproductiva”.
Marina Morelli (Mujer Ahora) propuso tipificar como delito específico el feminicidio –no como agravante del homicidio– con penas de entre 10 y 30 años de prisión. La abogada subrayó que esto no significa “castigar a los hombres por ser hombres”.
El Centro de Estudios del Software Libre, Data y Creative Commons (CC) remarcaron que se debe legislar sobre la finalidad del uso de la tecnología y no penalizar el uso en sí mismo, revisando el posible impacto que esto podría tener en las libertades civiles y en los derechos humanos. Recordaron que Uruguay no es parte contratante del Convenio de Budapest sobre delitos informáticos, por lo que no está obligado a establecer delitos informáticos en los términos de dicho convenio, y analizaron cómo una tipificación de delito informático puede incidir en la vida diaria. Consideraron que el personal judicial y policial debe estar mejor capacitado para prevenir estafas y delitos sexuales virtuales. Las organizaciones discreparon con algunas disposiciones del proyecto de ley elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) presentado en mayo de 2014 por el Ejecutivo, debido a su “redacción vaga” en figuras como “acceso no autorizado a un sistema informático”, “daño informático” y “suplantación de identidad”, tipificando como delitos conductas que a veces no son tales.
También participaron Basta de Maltrato Animal Uruguay, representada por Paolo Cataldi, y el presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, Homero Cabanas. Destacaron la necesidad de aplicar las leyes vigentes y efectivizar trabajos comunitarios o prisión para los responsables de maltrato animal.
Nicolás Brener, del Centro de Estudiantes de Derecho de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (Feuu) y Patricia Díaz (CC) consideraron que debe haber excepciones en la legislación referida a propiedad intelectual, derechos de autor y patentes, despenalizando y/o limitando los tipos penales.
Alberto Villareal, de Redes, propuso tipificar delitos ambientales que hoy no están contemplados, como la desecación de lagunas y de bañados, igualándolos al vertido de residuos tóxicos y la tala clandestina de monte nativo.
Desde Proderechos, Hernán Delgado propuso diferenciar en el Código Penal el delito de microtráfico, para “tener un guarismo de pena menor al actual, que engloba al narcotráfico, al microtráfico y a todas las escalas de tráfico y tenencia de estupefacientes”, considerando el perfil de exclusión y vulnerabilidad que presentan las personas procesadas. l