Hoy viernes 26 se cumplen 17 meses de la masacre de Iguala, en la que Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa –“cuna de la conciencia social”, como proclaman sus muros– fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos.
También implica el comienzo de la cuenta regresiva para la caducidad del convenio celebrado entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permite al equipo de expertos independientes (Giei) acompañar y guiar la investigación oficial de lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014.
Uno de los puntos centrales que se encuentra en disputa entre los independientes y el gobierno es la necesidad o no de continuar investigando en el basurero de la localidad de Cocula, vecina de Iguala. La versión oficial, basada en supuestos testimonios de detenidos pertenecientes al crimen organizado, sostuvo que allí habrían sido quemados los cuerpos de los 43 muchachos desaparecidos.
Tanto el primer informe del Giei –emitido al año de la masacre– como un reciente informe pericial elaborado por el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (Eaaf) descartaron de plano y sin lugar a dudas esa hipótesis, ya que no existen pruebas físicas ni científicas que avalen que esa noche haya habido un incendio de las dimensiones necesarias para quemar tal cantidad de restos humanos.
Sin embargo, una nueva embestida oficial en apoyo de esta versión surgió en los últimos días mediante “filtraciones fantasma” a la prensa. Los medios de comunicación mainstream han publicado, siempre atribuyendo a “fuentes de la investigación”, que un nuevo detenido, al que se lo refiere con un apodo, sostiene que en el basurero no fueron quemados los 43, sino “apenas” 19 de ellos. Esto da pie al gobierno mexicano para insistir en una “quinta versión” de los hechos, que lleve a la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula.
Los expertos han sido tajantes: insistir con el basurero de Cocula es perder valioso tiempo de la investigación. ¿Por qué? Porque a los cinco investigadores les quedan apenas dos meses para contribuir al esclarecimiento del caso, a encontrar la verdad y achicar un poco la impunidad que rige en México.
“El grupo fue creado como consecuencia de una herida y realiza su trabajo para ayudar a sanarla”, escribieron en el informe difundido en conferencia de prensa el domingo 21.
Entonces, si no es en Cocula, ¿dónde? Los internacionales no cejan en decir que hay dos líneas fuertes de investigación que deben seguirse: por un lado, el interrogatorio de los militares del 27 Batallón de Iguala que participaron en la masacre y que continúan protegidos de los juzgados. Está también en posesión del Ejército la serie de fotos y videos registrados por sus subordinados en esas horas fatídicas.
Por otro, la hipótesis que debe seguirse según los expertos es la investigación del “quinto camión”, que abona la explicación de que el ataque estuvo motivado porque, sin saber, los estudiantes tomaron un autobús utilizado en el traslado de drogas (sobre todo herpina) entre el estado de Guerrero y Estados Unidos.
Mientras tanto, los padres de los 43 marchan en caravana hacia la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El propósito de la caravana es entrevistarse con los jueces de cuatro causas penales referidas a la masacre, radicadas en esa localidad (a cientos de quilómetros de Iguala), quienes otorgarían un amparo a 22 policías acusados de la violencia ejercida hacia Julio César Mondragón, el normalista asesinado, torturado y desollado. Esa dispersión de causas es otro de los motivos de dificultad identificados por el Giei.
Lo preocupante, sin embargo, durante estos días, es la campaña de desprestigio que desde los medios oficialistas ha arreciado contra Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox.
A eso respondieron así: “Frente a la imposibilidad de cuestionar el contenido de su informe y el trabajo de investigación realizado, se busca generar confusión y cuestionar a miembros del Giei con trillados estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos y que son parte de los mecanismos de impunidad”.