El año pasado terminó agitado para la enseñanza privada a raíz de los conflictos del Colegio-Liceo Gabriela Mistral, y del Colegio-Liceo José Pedro Varela. Estos hechos, más allá de la importancia particular de cada uno, pueden ser insumos para una discusión más amplia: la eficiencia en la gestión de lo público y lo privado. La misma estuvo presente también el año pasado cuando se hablaba de la “crisis de la educación pública”, y se contraponía al sistema educativo público con el sistema privado, y con el nuevo tipo de centros educativos públicos de gestión privada. Cuando parecía que se volvía a instalar con fuerza el mito de que toda administración privada es más eficiente que la pública, la realidad se presentó para reexaminar tal axioma.
El pasado 30 de diciembre las autoridades del Colegio-Liceo José Pedro Varela comunicaron a sus funcionarios (docentes y trabajadores de servicio y gestión) que por problemas económicos deberían mandarlos al seguro de paro, y en simultáneo presentaron una propuesta por escrito que manifestaba la voluntad de mantener la misma cantidad de personal, si se aceptaba una rebaja salarial del 30 por ciento. La institución, que tiene tres sedes (dos en Montevideo y una en la Costa de Oro), cuenta con una matrícula de 1.170 alumnos y tiene 475 funcionarios, manifestó que no se trataba de un problema patrimonial sino de liquidez. Es decir, no tenía dinero suficiente a disposición para cubrir las necesidades inmediatas, pero que en el futuro podría cubrirlas. Ante esta posibilidad, la alternativa para salir de esta situación podría ser tramitar un préstamo para cubrir las deudas urgentes e ir pagándolo a lo largo del tiempo. Según la administración de la institución, ésta tendría condiciones estructurales para afrontar la nueva deuda en el largo plazo. La falta de liquidez hace sospechar que el problema sea un mal manejo administrativo de la institución, teniendo en cuenta que algunas de las variables centrales en la ecuación económica deberían ayudar a la rentabilidad de la institución, por ejemplo que la matrícula ha aumentado un 6 por ciento y los salarios pagados tan sólo un 3.
El ejemplo del Varela ayuda a repensar la lógica instalada de debatir con base en generalidades. La administración privada puede tener tantos o más problemas (aunque cualitativamente diferentes) que la administración pública, sobre todo en sectores tan importantes como la educación. Una de las diferencias entre uno y otro está en los mecanismos de contralor que tiene cada una, dejando abierta la posibilidad de que una institución de un día para otro pueda declararse insolvente y cerrar, perjudicando a toda una comunidad educativa (estudiantes, docentes y funcionarios de gestión y servicios), dado que su situación financiera no tiene por qué hacerse pública.
El mito de que lo privado es mejor que lo público, sobre todo en la educación, hizo crecer la matrícula y el número de instituciones educativas privadas. Según el anuario del Mec del año 2014, la educación primaria común privada aumentó su matrícula 18,61 por ciento en el período 2005-2014, mientras que la educación media básica aumentó 31,94 por ciento y la educación media superior 8,25 por ciento en el mismo período. Este aumento de matrícula se debió al traslado de alumnos de la enseñanza pública a la privada; mientras que en 2003 había casi ocho alumnos de la enseñanza pública por cada alumno de la enseñanza privada, en el año 2014 la relación era de 6,5 a uno.
El pasaje de un sistema al otro de una gran masa de alumnos también se vio alentado por una supuesta –y discutible– mejora en la calidad de la educación privada. Tomando los resultados para Uruguay de las pruebas Pisa del año 2012 (haciéndonos a un lado del debate sobre la capacidad de este tipo de pruebas para medir la calidad educativa de un sistema) puede verse que a pesar de que la educación privada obtuvo mejores resultados en general, si se compara por estrato socioeconómico del alumnado, para situaciones similares, la diferencia del resultado en un tipo de institución u otro no es significativa, y en varios casos la educación pública tuvo mejores resultados. La diferencia entonces entre los resultados en términos brutos de ambas modalidades de instituciones se explicaría más por las condiciones socioeconómicas del alumnado.
Por último, en esta polémica de lo privado contra lo público generalmente se habla de lo costoso que es para la sociedad utilizar fondos públicos en instituciones ineficientes; si una empresa pública tiene pérdidas, las tendríamos todos los uruguayos, mientras que si una institución privada tiene problemas económicos, quienes se harían cargo de éstos serían sus dueños. Esto no es exactamente así (recordemos el salvataje de los bancos privados en 2002), sobre todo en el caso de las instituciones de educación privada. El Estado, por el artículo 69 de la Constitución, exonera a las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza de impuestos nacionales y municipales, entre los que están la contribución inmobiliaria y los aportes patronales (jubilatorios, Fonasa). La decisión del Estado de no gravar esta actividad termina actuando como una subvención, un gasto del dinero público sin la posibilidad pública de fiscalizar la eficiencia en la gestión privada. A este hecho debe sumarse que al fundirse una empresa privada los costos sociales son importantes (despido de trabajadores y trabajadoras), costos que no entran en la ecuación de las empresas competidoras, que si bien pueden hacerse cargo de los alumnos, como en el caso del Varela, difícilmente sumen a sus plantillas de trabajo a quienes queden cesantes.
El año que está arrancando se prevé tan conflictivo como el que pasó. La disputa de lo público y lo privado estará presente en el debate educativo, con la puesta en funcionamiento de nuevos centros educativos de tipo público de gestión privada, en el debate sobre la gestión de las empresas públicas y con la puesta en marcha de nuevos proyectos de participación público privada tal cual lo preveía el presupuesto nacional votado el año pasado.
La importancia de dar correctamente este debate reside en las consecuencias prácticas del mismo para toda la sociedad. Por ello debe darse atendiendo a las particularidades de cada cosa sin mitificar ninguna de las modalidades institucionales, y plantearse siempre mecanismos de fiscalización públicos en aquellos lugares donde las consecuencias de su accionar tengan mayores repercusiones sociales.
* Economista. Integrante de la cooperativa Comuna.