Tres ediles, dos del Frente Amplio y uno del Partido Colorado, tomaron acciones a partir del caso de las niñas internadas de forma irregular en el hogar Beraca Princess, de Maldonado, cuyos derechos la justicia consideró “vulnerados” (véase Brecha, 19-VI-15 y 26-VI-015). A partir de que un equipo técnico de la Anep denunciara situaciones de maltrato, la jueza María Eugenia Ferrer ordenó restituirlas a sus familias.
Por iniciativa de la edila Beatriz Jaurena (Pvp), la Junta Departamental de Maldonado aprobó esta semana poner el caso en conocimiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Paralelamente, la legisladora presentó los antecedentes de otros hechos irregulares que se conocieron en estos días. En la sesión del pasado martes Jaurena advirtió que el Estado está delegando derechos en Beraca –institución de la iglesia Misión Vida– sin controlar lo que ocurre con las personas que deriva ni saber cuántos menores de edad fueron ingresados de forma irregular. “Pretendemos que se haga el seguimiento del caso, que se vea qué pasó con los maltratadores y que la Inddhh sugiera una forma de intervención del Estado; que llame al Estado a responsabilidad en lo que tiene que ver con estas situaciones, y que haga un seguimiento de estas organizaciones a las que se deriva gente”, explicó Jaurena a Brecha. Además, pidió informes a la Intendencia y a los municipios para conocer cuáles fueron los aportes que, en diferentes modalidades, percibió Beraca en los últimos diez años. Presupone que han sido excesivos en comparación con los adjudicados a otras organizaciones, y que no se evaluaron los resultados del fin social invocado para colaborar.
También la edila Liliana Berna (Cabildo, Diversidad Frentemplista) reclamó a la Intendencia y a los municipios conocer esa información. Recientes declaraciones del pastor Jorge Márquez, líder de Misión Vida para las Naciones, sumadas al caso de las niñas de Maldonado, terminaron por convencerla de la necesidad de investigar antes de aportar más recursos públicos a la Ong evangelista.
El viernes pasado, tras ofrecer una confusa versión sobre las niñas del hogar Princess, Márquez confesó en Observador Tevé su plan de avanzar en política siguiendo el ejemplo de las iglesias neopentecostales de Brasil (colocó a un familiar como diputado en 2014 y otro aspiró a una banca), para frenar la aprobación de leyes que, en su opinión, socavan la base social, como la del matrimonio igualitario, la que despenalizó el aborto y la que regula el mercado de la marihuana. “Esas declaraciones preocupan sobremanera. ¿Cuándo son Ong y cuándo son iglesia? ¿Qué tanto le ha aportado el Estado laico, con plata de todos los uruguayos, para sostener una acción solidaria que se usa para una campaña proselitista?”, reflexionó Berna, consultada por Brecha. Admitió que la Junta Departamental debió plantearse esto antes y reconoció que, por lo menos ella, falló como edila en su función de contralor. En su defensa, recordó que Beraca llegó a Maldonado en un momento social muy complejo, proponiendo la primera solución para rescatar a consumidores de pasta base a los que el Estado no daba respuesta; se desconocían los planes políticos del pastor Márquez (aliado de la senadora blanca Verónica Alonso) y tampoco había pruebas fehacientes de irregularidades en las Comunidades Beraca, alegó. Ahora, en tanto edila reelecta, piensa insistir hasta “llegar al fondo de la cuestión, para saber qué es lo que está sucediendo”.
El edil Eduardo Elinger asumirá en unos días como director del Banco de la República (Brou) en representación del Partido Colorado. En su última sesión del legislativo departamental, y sin aludir explícitamente a Beraca, manifestó la “urgente necesidad de transparentar desde la Intendencia y los municipios la asignación de recursos a las Ong”.
Elinger, quien fue director departamental de Políticas Diferenciales durante el primer gobierno frenteamplista, reconoció que la mayoría de las asociaciones civiles atiende una demanda que el Estado no cubre. Sin embargo, cree que para otorgarles las partidas de dinero y los recursos materiales y humanos que les da el Estado se requiere “un protocolo de actuación y un sistema de auditoría administrativa y de gestión”. “Hay que optimizar los recursos y transparentar el manejo de ese dinero público, tratando de que se invierta de forma eficiente y eficaz”, concluyó.
Los blancos se han llamado a silencio. Aquí, como en Montevideo, les deben muchos votos a los pentecostales. De hecho, el próximo jerarca de Políticas Sociales (donde se concentrarían las actuales áreas de Género, Adicciones y Políticas Diferenciales, tras la reestructura que prevé el gobierno electo en la Intendencia) será uno de ellos. El pastor Eduardo Costa, que no pertenece a Misión Vida pero sí a otra conocida iglesia neopentecostal, le aportó a Enrique Antía 3.300 votos con su lista 75. Casi tantos como la lista 2014 (3.660), en cuya campaña trabajó activamente la senadora Verónica Alonso aliada con Beraca.