La empresa láctea estadounidense Schreiber Foods decidió intempestivamente cerrar su planta en San José y retirarse del país. No fue casualidad: la retirada –casi una huida– se produce en medio de una retracción del comercio internacional de lácteos y una caída de los precios, pero también después de que se cumplieran cinco años de actividad en el país. Así, Schreiber no está obligada a devolver al Estado las exoneraciones tributarias por sus inversiones, exoneraciones que alcanzaron un 60 por ciento del capital invertido.
Los beneficios por zona franca y los que contempla la ley de inversiones representan casi el 50 por ciento de las exoneraciones totales del Irae, el impuesto a las rentas de las actividades económicas. La recaudación del Irae sufre una merma del orden del 70 por ciento por exoneraciones.
En esta política generosa con el capital, especialmente el trasnacional, está la madre del borrego sobre la injusticia en la redistribución de la riqueza, que acumuló un 28 por ciento de crecimiento del Pbi en los cinco años del segundo gobierno frenteamplista. Y las exoneraciones están en la mira de quienes ven con preocupación la eventualidad de que no puedan cumplirse las promesas del FA para las últimas elecciones.
El 6 por ciento del Pbi para la enseñanza, la “fonalización” de Asse y el Sistema Nacional de Cuidados son las principales promesas electorales que, según el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker, no podrán ser satisfechas si no se aseguran, en el futuro presupuesto, recursos extra por 1.000 millones de dólares.1 El economista agitó un “dilema presupuestal”, que a su juicio impediría cumplir con las promesas de campaña si no se aumentan impuestos que aseguren superar la brecha entre las prioridades y los recursos presupuestales. Explicó que los proyectos sociales comprometidos reclaman un gasto de 3.000 millones de dólares en el quinquenio (2.000 para la enseñanza, 180 para Asse, 225 para el Sistema de Cuidados, 200 para la extensión del plan Siete Zonas y 400 para la construcción de viviendas). Y aseguró –en una reunión del pasado lunes en el Ejecutivo del Partido Socialista, reconstruida por el diario El País– que si no se cambian las reglas de juego, “de no hacerse nada, el proceso económico tiende a la concentración y exclusión”. El ex ministro afirmó que “el predominio liberal” y las “visiones cuestionadoras de la integración regional” en la política económica actual podrían revertirse con un enfoque distinto del presupuesto que dentro de poco entrará a consideración del Parlamento.
La aplicación de impuestos a quienes ganan más, la reducción selectiva de las exoneraciones a las inversiones y una revisión a fondo de los beneficios que se otorgan a las zonas francas pusieron el grito en el cielo. La ministra Marina Arismendi, obligada a optar entre promesas electorales, se inclinó por la promesa de Tabaré Vázquez de que no se aplicarían nuevos impuestos; pero se mantuvo irreductible en reclamar los dineros para las políticas sociales, aunque no sugirió de dónde sacar ese dinero.
El director de la Opp, Álvaro García, de acuerdo al relato publicado ayer jueves por El País, dejó en claro que no se dan las condiciones para un cambio de las reglas de juego y rechazó un incremento de impuestos por la “realidad complicada a nivel internacional”. Se inclina por las sugerencias del ministro de Economía, que tienden a rascar el fondo de la bolsa para rescatar dineros, aumentando los aportes de las empresas públicas a Rentas Generales, el control de los viajes oficiales al exterior, la eliminación de 25 vacantes por cada 100 y la reducción de los gastos en publicidad.
El senador del Mpp Andrés Berterreche fue muy cauto al analizar las propuestas de modificar las normas legales sobre exoneraciones a las inversiones directas porque tal medida podría reducir significativamente el flujo de capitales, afectando así la generación de empleos, aunque sólo en el sector lácteo acaban de perderse 500 puestos de trabajo por decisiones de las empresas extranjeras.
La tan mentada discusión sobre los ritmos para profundizar la justicia social podrá seguir acumulando argumentos mientras el reparto de la riqueza aumenta en su desigualdad. Quizás en el fondo prime una concepción que ha quedado graficada estos últimos días en las imágenes provenientes de Ecuador. El presidente Rafael Correa propuso un proyecto para aumentar los impuestos a las herencias y a las ganancias desmedidas. En Quito y en Guayaquil las calles se inundaron inmediatamente de manifestantes que rechazaban los impuestos. Los manifestantes no eran, precisamente, ricos u oligarcas. La derecha reveló su capacidad de montar un escenario de desestabilización. Esa disyuntiva es la que estaría evitando el Frente Amplio con la postergación de medidas para corregir la desigualdad que afectan a poderosos intereses económicos.
1. A propósito, véanse entrevista “A contracorriente de la lógica capitalista” y artículo “La instancia central de la planificación económica”, en Brecha, 10-IV-15 y 5-VI-15, respectivamente.