Las protestas de las agrupaciones de derechos humanos que ven al inspector mayor (r) Erode Ruiz como inequívoco represor y antidemócrata no han tenido eco, ni siquiera entre los dirigentes frenteamplistas que denostaban la “mano dura” como vía para combatir a la delincuencia. Pero tampoco el nuevo jefe ha tenido muestras públicas de respaldo político, aunque se sobreentiende que ninguno de los gobiernos del Frente Amplio que le adjudicaron altos cargos de confianza tuvo en cuenta el historial denunciado por los activistas.
Para un político local, expedirse sobre el caso en un departamento como Maldonado es un tema de cuidado. Porque la seguridad es eje temático de todos los candidatos a la Intendencia, en un territorio donde el clamor por una férrea acción policial que infunda autoridad y límites a los delincuentes avanza sobre las posturas más humanistas, incluso entre los progresistas. Aún reverbera en el escenario político departamental el triunfo del Sí en el plebiscito que promovía la baja de la edad de imputabilidad penal (52,6 por ciento), evidenciando que la movida opositora también caló entre los frenteamplistas. Además, pende sobre la izquierda la espada de Damocles de un presunto empate con el Partido Nacional en la intención de voto a mayo, mientras los candidatos blancos se envalentonan con promesas para defender a los ciudadanos embebidos en el miedo a las rapiñas y los arrebatos violentos.
La única agrupación política que atendió el llamado de las organizaciones sociales fue el Ir, más que para atacar la figura de Ruiz, en un intento por generar un “debate profundo” dentro de la fuerza política sobre “la pertinencia de esta designación y los alcances políticos que la misma genera”. Por el momento, no hay indicios de una discusión interna sobre el caso. Fuentes de la Mesa Política del Frente Amplio en Maldonado dijeron a Brecha que no hay planteos oficiales para tratar la cuestión, y ninguno de los diputados convocados por los colectivos ha opinado sobre el asunto.
La semana pasada Óscar de los Santos, hoy diputado, evitó entrar en la controversia y se excusó de opinar sobre una decisión que es competencia del Poder Ejecutivo. “Salvo que cuando mire su gestión tenga una opinión negativa; hoy no puedo arriesgar ninguna opinión”, dijo al portal Maldonado Noticias. Y aunque refrendó la “legitimidad” de las movilizaciones contra el jerarca policial, admitió que “carece de elementos” para pronunciarse sobre las acusaciones.
El terreno tampoco parece abonado para reeditar un debate como el de 2010, cuando, en campaña electoral por su reelección como intendente, De los Santos cuestionó a la jueza penal Adriana Graziuso por aplicar la ley de vagancia de 1941 y expulsar a sospechosos fuera de Maldonado a modo de “prevención” (véase Brecha, 8-I-10). El candidato blanco Enrique Antía aprovechó entonces la volada y lo acusó de no “proteger el supremo interés de Maldonado de mantener los más altos niveles de seguridad, que es uno de los valores principales de nuestro departamento para la industria turística”. Y tocó el nervio. El turismo en Maldonado es sinónimo de máximas garantías para la propiedad privada, para los visitantes, y de empleo para los lugareños; y como la seguridad sigue siendo el principal gancho para quienes eligen el balneario, cualquier delito que repercuta en el exterior pone los pelos de punta a empresarios y autoridades. Esto no justificaría que las personas sean expulsadas por su aspecto o por sus antecedentes. Pero hasta Eduardo Bonomi, que se preparaba para asumir el Ministerio del Interior, también consideró “ejemplar” la medida de Graziuso.
Durante su gestión en Maldonado la jueza se granjeó adeptos, al punto que tres años después, cuando la trasladaron a la Ciudad de la Costa –donde Erode Ruiz desplegaba sus operativos Gato e Impacto, contra las rapiñas– tuvo un inédito reconocimiento público por parte de las corporaciones empresariales y turísticas de Maldonado y Punta del Este, que todavía lloran su ausencia.
LO QUE ELLOS QUIEREN. “Las cosas van a ser distintas”, anunció Eduardo Bonomi esta semana, al asumir una vez más el Ministerio del Interior. Y la sensibilidad de Maldonado con los asuntos de la inseguridad fue correspondida ese mismo lunes con la designación de Erode Ruiz como jefe departamental de Policía. “Si hay una cosa que respeto mucho son los derechos humanos, pero no hay que confundir. Si vamos a proteger delincuentes pensando que los derechos humanos obligan a eso, no estamos en el buen camino. El delincuente es delincuente y hay que reprimirlo”, dijo Ruiz a Brecha, adelantando su propósito de combatir fuertemente las rapiñas y los arrebatos, en línea con el compromiso nacional del presidente Tabaré Vázquez. “Mi idea es que en algún momento tenemos que aplicar el respeto hacia las normas. Dentro de la ley todo, fuera de ella nada, como dice el presidente. Si la autoridad policial permite que todos los días haya 20 o 30 faltas y no hacemos nada para tomar medidas con esas faltas, estamos dejando un campo liberado a que sigan por los delitos. Eso está muy claro”, enfatizó. Y luego lanzó otro mensaje de seguro agrado para los empresarios esteños: “Acá hay muchos arrebatos y algo tenemos que hacer. No puedo quedarme quieto, como jefe de Policía, si a una señora dos monos en moto la arrastran para robarla en la rambla”.
Ruiz admitió que uno de los ejes de sus operativos será detener a personas “sospechosas” que circulen en motos de dudosa procedencia, aunque evitó responder si aplicará la estrategia “de mano dura” que tantos reclaman por estos lares. “Para mí no existe la dureza –contestó–. Lo que existe es un compromiso con la gente, y debemos actuar en base a ese compromiso. Si en un año no logro bajar lo que el Estado quiere con referencia a la rapiña, tengo que dar un paso al costado y dejar a otra persona.”
Según el sociólogo Luis Eduardo Morás, la designación de Ruiz “va en línea con una estrategia electoral que se basa en profundizar la gestualidad punitiva para resolver los problemas de inseguridad existentes. En los últimos años se ha instalado una especie de lógica de juego ‘suma cero’: todo lo que pueda significar el estricto respeto a los derechos y garantías procesales para los eventuales infractores se traduce como una pérdida de derechos para las víctimas del delito”. En otras palabras, “parece que el mensaje electoral más redituable es trasmitir que la única manera de defender a las eventuales víctimas del delito y mejorar el clima de seguridad es maltratando a los potenciales ofensores. Es un tipo de mensaje que puede resultar políticamente rentable pero que no resuelve el problema del delito y la inseguridad”, observó el investigador, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Ruiz ya se instaló en su despacho fernandino y ordenó colocar una gran mesa para diseñar operativos diarios, en conjunto con su comando. Cree que las acusaciones de los activistas no mellarán su decisión, durante los próximos meses, de establecer cómo y dónde golpear a los delincuentes. Se siente respaldado (véase nota aparte). Las organizaciones sociales, en cambio, todavía esperan que sus acciones pasadas lleven a revocar la designación. A través de la Junta Departamental convocarán a la Institución de Derechos Humanos para denunciar el caso y pedir una investigación. Y también pretenden que la Mesa Política departamental del FA considere sus denuncias.
Sin embargo, el sociólogo Morás advierte que estas movilizaciones contra el jefe de Policía pueden tener un efecto contrario en un departamento como Maldonado. “En la actual coyuntura preelectoral, esos actos pueden ser funcionales a su fortalecimiento, en tanto representan una consolidación de la imagen de ‘mano firme’ frente al delito.” Observa que en este cotizado rincón uruguayo, a la opinión pública le interesa –más que un análisis exhaustivo de los antecedentes de un jefe de Policía– “valorar una ritualidad y gestualidad de tolerancia cero frente al delito”. Algo que, probablemente, también aprendió a observar la izquierda en estos años.
[notice]Las explicaciones del jefe de policía
Échale la culpa a Irma
El inspector mayor (r) Erode Ruiz habla mucho, ofrece a Brecha una catarata de detalles sobre las acusaciones lanzadas en su contra por Plenaria Memoria y Justicia, Crysol y Raíces, entre otros colectivos que repudian su designación como nuevo jefe de Policía de Maldonado. Dice que hay documentos que prueban su inocencia y que le “extraña que ninguno de estos grupos los haya buscado”. Se declara “defensor de los derechos humanos, no de los delincuentes”, y un firme “luchador” por los derechos de las mujeres.
Ruiz quiere limpiar su imagen y no ahorra palabras para intentar convencer de su inocencia. Manifiesta con insistencia que quiere entrevistarse con quienes lo sindican como participante en los operativos de represión que derivaron en la muerte de dos personas frente al hospital Filtro, en 1994. Dice que intentará hablar con la madre del fallecido Fernando Morroni, quien el lunes 2 encabezó junto a Irma Leites una manifestación de repudio frente a la Jefatura de Maldonado, en la plaza San Fernando.
“Buscaré por todos los medios hablar con ella, como padre y no como policía. Dijo que yo maté al hijo, y me cayó enormemente doloroso por ser padre. Ella va a entender que cuando le mataron al hijo yo estaba muy lejos de ahí”, asegura Ruiz, ya instalado en su despacho fernandino. “No quiero que tenga ese concepto de mí cuando no tengo nada que ver con ese hecho. Procesaron a un montón de gente que sí estaba en los operativos, pero a mí no me tocaron, nunca fui al juzgado y no sé cómo viene dada la manija”, insistió. El jefe afirma que cuando “el gran lío” frente al hospital, donde se alojaban los tres vascos a extraditar, él ya estaba en el Aeropuerto de Carrasco: “Dijeron que yo pasé con un patrullero a los tiros. ¿Y yo qué iba a estar haciendo ahí? Yo estuve todo el tiempo adentro del hospital, porque mi función era la seguridad de los vascos, y nadie nos vio salir rumbo al aeropuerto. Es más, cuando ellos se subieron al avión esperé, el avión demoró en partir y ya era tardísimo cuando me fui a mi Seccional 23”, alega.
Ruiz tampoco acepta el cargo de cómplice de la dictadura por haber trabajado en la Cárcel Central, donde fueron confinados y torturados cientos de presos políticos. “Tenía 24 años, y si me negaba a ir, o me echaban o me mandaban a la cárcel”, argumenta. En su defensa remarca que fue sancionado por “dar visitas a familiares que no estaban autorizados” a entrar al establecimiento. “Eso me costó un arresto de cinco días en una oportunidad, y en otra me echaron como a un perro y me mandaron a la Seccional 12. Me hicieron un favor, porque hacía rato que me quería ir.”
Largos minutos destina, además, a explicar cómo se gestó la denuncia por acoso laboral y sexual que, en abril del año pasado, presentó en su contra una secretaria administrativa de la Jefatura de Canelones ante el propio Ministerio del Interior. Ruiz también se declara en este caso “totalmente inocente”. Subraya que la investigación de Asuntos Internos culminó a su favor. Su versión es que la funcionaria actuó en represalia por decisiones administrativas que la afectaron y que no esperaba, porque eran “muy amigos”. El caso se sustancia en un juzgado civil, al que la mujer recurrió en busca de un resarcimiento económico por el daño ocasionado. Pero Ruiz entiende que el dictamen de Asuntos Internos lo transforma de “victimario en víctima”, no está dispuesto a conciliar, y adelantó a Brecha que, sobre esa base, presentará una contrademanda. “El juez resolverá quién tiene razón, pero nunca existió el acoso.”
Se define como “un gran amigo” del ministro Eduardo Bonomi, y aunque el secretario de Estado no ha defendido esta designación públicamente, Ruiz afirma que lo ha respaldado en conversaciones personales. “Fuerza y adelante”, le habría dicho en esas circunstancias. El inspector personaliza todas las acusaciones en su contra en Irma Leites, líder de Plenaria Memoria y Justicia. Su teoría es que “alguien” sembró “el odio” en la activista y que si él la hubiera denunciado por “difamación o daño moral” la primera vez que lo acusó, nada de esto estaría ocurriendo. Pero dice que otro “alguien”, cuyo nombre no quiere divulgar, le pidió que no lo hiciera. “Plenaria es la que me viene persiguiendo desde que me nombraron jefe de Lavalleja. Más de una vez he querido hablar con Irma; ella tiene que preguntarme. ¿Por qué no le pide a gente de confianza suya, como el abogado Gustavo Salle, que le consiga mi auto de procesamiento?”, se lamentó.
Como nuevo jerarca policial fernandino, entiende que las manifestaciones en su contra “no hacen ruido” en el sistema político. “Me hubiera preocupado que hubiera mil personas. Se dijo que eran más de cien, pero había 40 personas contadas y la mayoría eran de Montevideo. No voy a investigar quién vino y quién no, porque están en su derecho. Sí sé qué voy a hacer después con las pancartas que hubo. No son culpables quienes mostraron la pancarta, culpable es quien levantó el centro”, amenazó, con “la conciencia tranquila”.
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