No todos los sectores de la sociedad están en igualdad de condiciones para aprovechar los cambios que tienen lugar en Cuba.
Entre los grandes desafíos de las reformas asumidas por el presidente Raúl Castro figura el de elevar la calidad de vida de la población cubana, enfrentada aún al impacto de una recesión iniciada hace más de 20 años que truncó sus aspiraciones de equidad económica y social. El aumento de las desigualdades se hizo evidente a partir de la crisis desatada tras la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista del este europeo, a principios de los años noventa. El “período especial” (como se denomina esa larga etapa recesiva) “afectó incluso moralmente el concepto de igualdad”, comenta el economista Esteban Morales.
Para minimizar el costo de la recesión, el gobierno de entonces, encabezado por Fidel Castro (1959-2008), abrió el país a la inversión extranjera, fomentó con mayor fuerza el turismo internacional, legalizó la tenencia del dólar y creó las “tiendas de recuperación de divisas”, entre otras medidas cuyos beneficios económicos llegaron acompañados de las inequidades sociales.
Sin embargo, María Caridad González, de 36 años y casada, valora su sentido de la igualdad por las posibilidades de inclusión social de su hijo de 10 años, que “ya sabe que para avanzar en la vida sólo tiene que estudiar y convertirse en un profesional”. El acceso gratuito a la educación y los servicios de salud ha sido durante este medio siglo un valioso espacio de igualdad social.
De origen campesino, González emigró a La Habana a mediados de los noventa. “Al principio fue difícil. Había un gran desabastecimiento, faltaba de todo, pero igual me quedé y me casé. Ahora hay muchas tiendas y mercados de alimentos, y lo que falta es dinero para comprar”, dijo la mujer, que trabaja en el servicio de limpieza en una empresa de capital extranjero. Su caso no es el peor, pues redondea sus ingresos con servicios domésticos en casas de familias conocidas, que le aportan mensualmente otros 80 Cuc, el peso cubano convertible con el dólar y de circulación legal en el país. Llevados a la moneda nacional, los ingresos personales de González ascienden a 1.920 pesos. Esa cifra equivale a más de cuatro veces el salario medio estatal de 470 pesos (unos 19 dólares). “Gracias a mis ingresos sobrevivimos los meses en que mi esposo, cocinero en el sector turístico, estuvo sin trabajo”, aclaró González, cuya situación contrasta con la de su vecina, una profesora de enseñanza primaria de 55 años que gana 750 pesos mensuales y ninguna divisa. “Lo que molesta es que personas con menos preparación y responsabilidades ganen más que un profesional. Cuando yo comencé a estudiar en la década del 80 no era así. La gente ganaba salarios que rendían más”, comentó esta maestra, casada y con dos hijos de 25 y 20 años.
La brecha de desigualdad se ha ensanchado al paso de las diferencias en los ingresos. Quienes sólo disponen de un sueldo estatal, personas jubiladas o protegidas por la asistencia social, están muy por debajo de satisfacer sus necesidades básicas. Datos del Centro de Estudios de la Economía de Cuba indican que los alimentos absorben entre 59 y 75 por ciento de los gastos familiares. Preservado aun por encima de las dificultades económicas, el sistema de salud, educación, seguridad social y asistencia social a personas vulnerables resultó decisivo para situar a Cuba este año en el lugar 44 del Índice de Desarrollo Humano (Idh), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Idh es un indicador por país basado en tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. “Entiendo y valoro eso, pero no es menos cierto que los ingresos nos diferencian a la hora de sentarse a la mesa o vestirnos”, insistió la maestra, que pidió no dar su nombre. El economista Morales coincide con el criterio oficial de que no se trata de igualitarismo, sino de “igualdad de derechos y oportunidades”. En su opinión, la distribución por la vía del trabajo sigue siendo desigual. “Lo ético es que las personas reciban según lo que aportan, y que mediante el gasto social se asista a quienes lo necesitan, para equilibrar las desigualdades”, indicó.
Este estudioso defiende la idea de subsidiar personas y no productos, como aún se hace mediante la cartilla de abastecimiento que distribuye una cierta cantidad de alimentos a precios subvencionados por el Estado a toda la ciudadanía, sin importar la cuantía de los ingresos de cada cual. Aunque con austeridad, ese sistema satisfacía las necesidades de la familia hasta los años ochenta, pero en la actualidad resulta insuficiente y las personas deben completar la canasta básica en las tiendas “en divisa” y en los agromercados, donde una libra (450 gramos) de carne de cerdo para bistec puede costar 40 pesos (1,60 dólares), igual que una libra de cebolla en ciertas épocas del año.
En su Plan Pastoral 2014-2020 la Iglesia Católica se queja de que sectores amplios de población padecen “pobreza material, producto de salarios que no alcanzan para sostener dignamente a la familia”. Esa situación, asegura, impacta tanto a trabajadores de nivel técnico medio como a profesionales. Tras reconocer que la apertura al trabajo independiente y la ampliación del cooperativismo a sectores no agrícolas han abierto oportunidades de superación para algunas personas, advierte que las actuales reformas económicas “no han logrado reactivar la economía de manera tal que lo perciba toda la población”.
No todos los sectores de la sociedad están en igualdad de condiciones para aprovechar esos cambios. Morales e investigadores como Mayra Espina señalan que las mujeres, personas no blancas y jóvenes están en desventaja, ya sea por falta de calificación como por carecer de bienes y activos que les posibiliten emprendimientos propios. El último dato público sobre pobreza en Cuba corresponde a 2004 e indica que 20 por ciento de la población urbana –conformada por más del 76 por ciento de los 11,2 millones de habitantes– se encuentra en esa situación.
Especialistas temen que ese indicador sea hoy igual o mayor, algo que los tomadores de decisiones deberían conocer para aplicar políticas sociales adecuadas. Pero Espina y otras estudiosas de estos temas alertan que el programa de transformaciones aprobado en abril de 2011 subvalora lo social, omite el tema de la pobreza y la desigualdad y contiene muy débiles instrumentos de equidad.
* Periodista de la agencia IPS.
